Artistas riojanos contra las leyes mordaza

Artistas riojanos contra  las leyes mordaza

«No hace mucho tiempo uno podía escuchar canciones o disfrutar de obras de arte que ponían en tela de juicio estamentos, la religión y el Estado con la misma facilidad con la que podía ignorarlas»

ENRIQUE CABEZÓN POETA Y EDITOR

No hace demasiado tiempo uno podía escuchar canciones o disfrutar de obras de arte que ponían en tela de juicio estamentos y formas de entender la vida, la religión y el Estado con la misma facilidad con la que podía ignorarlas, la sociedad parecía menos polarizada, desde luego, y también mucho más relajada. A nadie, claro, le gusta que le insulten o que alguien se meta o ponga en duda las convicciones propias pero, puede que de manera inteligente, todo el mundo tenía claro aquello que enseña el acervo popular: que no ofende el que quiere, sólo el que puede. Este rasgo de libertad se ha visto seriamente comprometido en los últimos años, basta leer este mismo diario para comprobarlo. Un colectivo heterogéneo como el de los artistas -que forman aquellos que trabajan la materia más sensible: la lengua, las sensaciones, los sentimientos, la inteligencia abstracta...- no podía permanecer ajeno a esta situación y de él recientemente ha surgido la plataforma «Artistas por la Libertad de Expresión (Ale)». Precisamente a su llamada han sido organizadas dos acciones en La Rioja, un manifiesto que han firmado, hasta hoy, 85 artistas riojanos, y la convocatoria de un velatorio para escenificar el entierro de las distintas leyes mordaza. Esta concentración se llevará a cabo este mismo domingo, 1 de julio, a las 13:00h en el Espolón, frente de la Delegación de Gobierno de la ciudad de Logroño.

Asimismo, el manifiesto, fácil de localizar en la red, se adscribe a los llamados «diez puntos» de la plataforma No Somos Delito, formada por más de 100 colectivos y organizaciones sociales, plataforma que ha estado siguiendo de cerca este proceso y a la que preocupa que ninguno de los textos alternativos presentados por PSOE y PNV a las leyes mordaza recoja una regulación garantista del ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Pero cuáles serían estos diez puntos? En primer lugar, garantizar la seguridad jurídica ya que considera que cualquier ley o disposición legal debe basarse en criterios claros y predeterminados, sin que quepa la libre interpretación del derecho sancionador. En segundo lugar, la efectiva presunción de inocencia, creemos que las manifestaciones por parte de los miembros de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado (FFSS) contenidas en los atestados, deberán tener carácter de mera denuncia, para lo cual es necesario que se elimine el principio de veracidad de los agentes. En tercer lugar, garantizar la transparencia y garantías en la aplicación de la ley, el colectivo demanda que toda la normativa y la actuación de cualquier Administración que afecte al ejercicio de los derechos, respete el derecho de defensa, la transparencia y claridad en la información que se facilite, así como las garantías propias del proceso justo, que incluye el derecho a conocer la acusación, a la prueba, a la contradicción y a la proporcionalidad, entre otros. La cuarta reclamación sería cumplir el principio de igualdad y no discriminación para evitar que en ningún caso, los agentes puedan llevar a cabo actuaciones, identificaciones, cacheos o cualquier otra limitación de los derechos a la libertad por razones étnicas o por cualquier otra razón discriminatoria, tal y como sucede desgraciadamente en la actualidad. Otro principio esencial que debería de contener una ley que proteja los derechos humanos es la protección de datos de carácter personal, por lo que consideramos imprescindible que se elimine el registro de infractores contemplado en la ley actual y que todos los datos que se hayan incluido en el mismo desde el 1 de julio de 2015, sean eliminados, y borrados de sus soportes informáticos bajo supervisión de la agencia de protección de datos e información a las personas que estuvieran allí registradas. Es necesario también que se establezcan mecanismos efectivos e independientes, para reponer en sus derechos a cualquier persona que haya sufrido arbitrariedad por parte de los poderes públicos. La séptima reclamación sería garantizar la protección de los Derechos Humanos, ya que consideramos que, con carácter general, ningún derecho fundamental como son el derecho manifestación o libertad de pensamiento, de expresión y de información puede ser limitado, salvo en los casos en los que se acuse por un delito y en este caso siempre con autorización judicial previa. En los casos en que entren en conflicto dos derechos fundamentales, la ponderación deberá ser realizada por un juez conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad, tal como marcan los estándares internacionales. Ni que decir tiene que, para la protección de los derechos fundamentales, deberá estar prohibido cualquier tipo de castigo físico por parte del funcionario o funcionaria pública.

También exigimos que en cumplimiento de la legislación internacional en la que se reconoce el derecho de asilo, se deben prohibir las llamadas devoluciones en caliente o las prohibiciones de entrada desde los aeropuertos de demandantes de asilo, hasta que las personas hayan tenido acceso a los procedimientos legalmente establecidos, que deberá incluir la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Y, como conclusión, pedimos una protección especial de la diversidad y de las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Por lo que no puede permitirse que personas puedan ser excluidas o expulsada de un lugar por ser diferente o pobre, ni que la pobreza y sus manifestaciones puedan ser infracciones administrativas.

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