Administración de calidad

Las personas y las familias deben ser atendidas por servicios públicos eficientes y a ello deben amoldarse las ofertas de empleo público

El Gobierno llevó ayer al BOE la oferta extraordinaria de empleo público para la Administración General del Estado, enmarcada dentro de la oferta general que acordó en julio del pasado año. El plazo de solicitudes queda abierto hasta el 26 de febrero para 4.725 plazas convocadas ya (a las que se sumarían los 16.000 puestos ordinarios previstos). De ellas, 2.545 son de promoción interna, frente a 2.180 de libre acceso. La convocatoria apenas alcanza a reponer los puestos de funcionarios y contratados que han ido pasando a la jubilación. Tras los ajustes provocados por la crisis, las administraciones públicas tampoco pueden mantenerse al margen de las transformaciones que experimentan la producción y el mundo del trabajo en su conjunto. La tecnificación creciente es un desafío al que el sector público viene enfrentándose muy por detrás del sector privado. Podría concluirse que las exigencias de digitalización de las distintas administraciones son mayores cuando se dirigen a los ciudadanos usuarios que cuando se establecen para la propia estructura funcionarial y de empleados. El 17% de la oferta extraordinaria que ayer se hizo oficial pretende cubrir puestos de trabajo relacionados con la gestión de sistemas de organización e informática y su mantenimiento. Un porcentaje que podría ser exiguo si la cualificación ofimática contemplada en el resto de la convocatoria no permite superar la brecha existente en la actualidad. Del mismo modo que el mercado laboral en general está sujeto a un juicio riguroso sobre la creación de puestos de trabajo y su cualificación, la cualificación del empleo público forma parte del interés común. Las personas y las familias son acreedoras a servicios públicos eficaces y eficientes, que reclaman un cuadro de puestos de trabajo cualificados en las administraciones. Algo que emplaza al Estado en todas sus instituciones: las centrales, las autonómicas y las locales y provinciales. La recuperación económica no debería ser motivo para incrementar las plantillas porque sí; pero sí debe dimensionar las plantillas a las necesidades del servicio público. Y ha de fijarse en la calidad más que en la cantidad del empleo que genere.

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