Calumnia, pero tiene consecuencias

Esta problemática la ejemplificaba con la falsa denuncia de una madre por un grupo de WhatsApp a una maestra de un centro público de Vigo, que produjo la denuncia penal de esta maestra afectada, tras considerar insuficientes las disculpas de la madre, dictándose recientemente sentencia por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Vigo por la que condena a la citada madre, por un delito de calumnias, a una multa de 630 euros más una indemnización de 1 euro a la profesora por daño moral, tal como pedía la acusación, así como al pago de las costas procesales. En total, la madre calumniadora tendrá que afrontar un desembolso de unos 1.500 euros, que le disuadirán para el futuro.

También en nuestra comunidad hemos asistido hace pocas fechas al mediático asunto de la denuncia de unos padres, apoyada por determinada asociación racial contra un profesor del colegio La Enseñanza de Logroño por presuntos abusos sexuales, que ha sido archivada por el Juzgado por no acreditarse ninguno de los hechos denunciados, produciéndose una parcial y ambigua disculpa del presidente de dicha asociación, no constándome que se haya efectuado la de los padres denunciantes.

Los casos que inspiraban mi artículo antedicho son tres, afectando a otros tantos profesores de centros públicos riojanos de todos los niveles educativos, que en este momento de final de curso se encuentran, el primero de ellos, finalizado por retirada de la denuncia presentada por varios padres y, los otros dos, todavía abiertos, que presentan el común denominador de que en ambos el docente afectado se encuentra de baja médica por estrés o ansiedad laboral por no poder soportar las falsas acusaciones de los padres o alumnos denunciantes y la incomprensión y nulo apoyo por parte de su entorno profesional más cercano, así como por la falta de actividad reparadora o disciplinaria por parte de la Administración, a pesar de que constan informes o denuncias escritas de dichos docentes, que deben gozar de la presunción de veracidad mientras no se demuestre lo contrario, en virtud de la condición de autoridad pública que les confiere la Ley de Autoridad del Profesor de 2011.

Por ello es hora de que la Consejería de Educación tome cartas en el asunto, pues, en base al respeto y protección que confiere a los profesores de los centros riojanos sostenidos con fondos públicos la antedicha Ley, resulta necesario reformar el Decreto de Convivencia de los centros docentes de la CAR de 2009 para que acoja y delimite la responsabilidad de aquellos miembros de la comunidad educativa de los centros docentes, que denuncian falsamente a otros miembros de la misma, principalmente profesores, en forma de sanción ejemplarizante y con fin educador a similitud de las que impone el juez de menores de Granada Emilio Calatayud, que pasaría por pedir disculpas privadas o públicas, según el ámbito donde se ha difundido la calumnia, así como por realizar trabajos en beneficio de la comunidad educativa, como pudiera ser participar con determinado número de horas en el Aula de convivencia del centro docente, colaborando en la tarea del profesor responsable de dicha Aula. De lo contrario, en caso de negativa a realizar dichos trabajos, perdería el derecho a la evaluación continua, bien el alumno, si él ha sido el calumniador, bien los hijos escolarizados, si lo han sido cualquiera de sus progenitores.

El consejero Alberto Galiana ya conoce nuestra propuesta, por lo que esperamos que recoja la misma, previas las consultas pertinentes. De lo contrario, seguiremos asistiendo a situaciones difíciles para los docentes, pues habrá muchos que se sigan 'rompiendo' física y psíquicamente por la situación padecida y, otros, se verán obligados a acudir a la vía penal si quieren ver reparados los ataques a su dignidad personal y profesional.