La Rioja

Justicia y reparación para el personal interino

La anunciada convocatoria masiva de plazas en oposición es todo un reconocimiento de culpabilidad por parte del Estado y de casi todas las administraciones públicas. Culpables de un abuso sistemático sobre el personal interino, con total desprecio a la dignidad de sus condiciones laborales y a su derecho a contar con una seguridad en su puesto de trabajo. Se ha preferido la conveniencia del gestor aunque para ello se haya atropellado los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras interinos, como ya ha empezado a reconocerse por parte de los tribunales europeos y españoles.

Pero es, sobre todo, una ley de punto final. Se trata de poner el contador a cero sin asumir ninguna responsabilidad y sin que medie ninguna reparación. El comportamiento injusto, abusivo, ha durado décadas, ha generado sufrimiento a cientos de miles de familias en estos años y se trata de sustanciar de un plumazo y sin ruido.

No se está diciendo de forma suficientemente clara que lo que se va a hacer es poner en almoneda todos y cada uno de los puestos de trabajo que hoy ocupa el personal interino. Que la figura de funcionario interino, tal como la hemos conocido en los últimos tiempos, tiene que desaparecer, porque es contraria al derecho europeo. Pero esas plazas, casi todas, están ocupadas. Son el puesto de trabajo, el medio de vida, de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras. Interinos e interinas que tienen familia. Pero, además, tienen derechos.

De entre el personal interino, uno de los más maltratados ha sido el educativo, los maestros y maestras, el profesorado en general ha sufrido casi todas las formas de abuso laboral. Tanto es así que, como en otros casos de personas abusadas, se ha logrado que asuman un cierto grado de culpabilidad que les coloca en una grave situación de indefensión. Tan bien orquestado ha sido el abuso que mayoritariamente asumen que no son lo suficientemente buenos para ocupar su puesto de trabajo, aunque lo vengan desempeñando desde hace más de veinte años -se dan casos peores-, a plena satisfacción, hasta que no sean capaces de superar un examen. Uno más.

Los mismos responsables del abuso, con una actitud mezquina, por un lado se congratulaban de la excelencia del sistema educativo mientras, por otra, vilipendiaban a casi una cuarta parte del profesorado que lo hacía posible. Mientras embargaban la mayoría de plazas en las sucesivas convocatorias, limitando el número posible de aprobados y aumentaban el número de trabajadores precarios del sector; insultaban gravemente, incluso delante de sus representantes legales, a estos trabajadores tachándoles de vagos, ineptos o cosas peores. Abuso de libro.

Hoy saben que ya no pueden seguir explotando a estos trabajadores. La sentencia del Tribunal Europeo conocida como caso Mascolo ha abierto una vía judicial que debe ser imparable y el Estado lo sabe.

La huida hacia adelante consiste en una convocatoria masiva que va a redefinir sustancialmente las plantillas. En régimen de concurrencia, se van a aplicar los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Parece que podría tenerse en cuenta su experiencia y valorarla en lo máximo que permite el Tribunal Constitucional. Irreprochable. Salvo que es una profunda injusticia.

La experiencia que acumula este personal no puede ser considerada sólo un mérito. Lo que esta experiencia ha generado son derechos y no reconocerlos es expropiación. Los tribunales irán confirmándolo. La convocatoria, ahora precipitada, previa a la resolución judicial de un gigantesco caso, puede llevar a una enorme injusticia cuando haga imposible la ejecución de las sentencias, abocándolas necesariamente a la mera indemnización.

La experiencia en educación asegura, innegablemente, una mejora de la calidad del profesorado. Sólo la necedad, o intereses -confesables o no-, pueden hacer que no se quiera asumir esta realidad. Algunos gestores dicen que con la oposición buscan a los mejores. Necios. ¡Es la experiencia, imbéciles!, como decía aquel.

Casi todos los avances recientes que han conseguido los trabajadores interinos han venido de la mano de los tribunales. Todavía se está reclamando igualdad y no discriminación en el cobro de los sexenios. El reconocimiento del derecho a su puesto de trabajo, también. Pero si no se remedia, esta vez puede ser una victoria pírrica que se resuelva con miles y miles de buenos profesionales en la calle.

Una gran revuelta en los centros docentes debe reclamar el derecho del personal interino al reconocimiento de la fijeza en su puesto de trabajo sin más prueba u oposición que la comprobación de sus servicios. Todo aquel con más de 24 meses de servicio en cualquier administración, en 30 meses, debe ser considerado fijo.

Desafortunadamente hoy todavía no hay organizaciones sindicales de entidad dispuestas a combatir esta injusticia. Está en las manos del personal interino convencerlas. Debe sacudirse ese síndrome de maltrato y ejercer la legítima defensa de sus derechos. Se merecen justicia y se merecen reparación.

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