Derecho a decidir y a dividir

Ante la imposibilidad de acoger las aspiraciones independentistas bajo el paraguas de la legalidad internacional que contempla los supuestos para casos de colonias o territorios no autónomos, se ha ideado el derecho a decidir que no existe ni en la práctica internacional, ni el derecho comparado. Es una expresión absolutamente vacía y engañosa porque deja al arbitrio del que se atribuye ese derecho, el disponer sobre que se decide y quien decide. Así, la democracia se convierte en autocracia y abre un camino ilimitado a supuestos, situaciones y casuística sobre los que se podría aplicar. Por ejemplo: derecho a decidir el restablecimiento de la pena de muerte a no acoger inmigrantes, a no pagar determinados impuestos, a proclamar la independencia de un municipio, a no ceder el agua de riego a otras regiones. Y así hasta el infinito.

Albert Rivera en la réplica a Pablo Iglesias durante la reciente moción de censura acuñó un argumento de contraste: «No existe el derecho a decidir y, sobre todo, no existe el derecho a dividir». Porque es sorprendente que la izquierda más extrema haya «comprado» al soberanismo insolidario catalán el embeleco del «dret a decidir» que permitiría a la región más rica de España separarse del resto en uno de los movimiento de ruptura e insolidaridad más flagrantes de la historia europea. Un inefable burukide del PNV, listo como el hambre, se sacó de la manga mucho antes de que Artur Mas enarbolase la estelada otro derecho local: «Ámbito vasco de decisión». Un eufemismo anticonstitucional que tuvo un éxito efímero, como creo que lo tendrá el que nos ocupa.

Ahora que celebramos el 40 aniversario de la conquista de la democracia conviene recordar que para ello fue decisivo solventar las viejas querellas territoriales. Si ahora nos inventamos derechos locales, cartageneros, a la carta, podemos dar la razón a Ramón Carande, el historiador preferido de Pablo iglesias, cuando cita su síntesis de la historia de España: «Demasiados retrocesos».