Obsoleto

El concepto de durabilidad comporta el de desgaste, rotura, cambio, pero también la sostenibilidad económica y personal, como inherentes al uso de las cosas útiles, pero esperando que sean eficientes y no efímeras. Este sentido que estuvo vigente hasta la década de los años 70 se desmoronó cuando el mundo empresarial estableció la importancia de la producción y salida al mercado de productos de duración programada que mantuvieran unas ventas y ganancias continuadas que promovieran y sostuvieran la cadena productiva ganancial; lo que comenzó como una estrategia de mercado se ha convertido en un práctica masiva que produce aparatos cotidianos, con una «vida» cada vez más limitada y caducidad programada: ordenadores, vehículos, electrodomésticos, software, etc., se convierten rápidamente en obsoletos, obligando al ciudadano a renovarlos con inmediatez, con el coste que supone y averías intermedias que anuncian su caducidad y restringida garantía de reparación, con la continuada disfunción que generan. Ayer un teléfono era «para toda la vida», hoy está obsoleto a los tres meses de su adquisición.

La situación y sus abusos consecuentes ha ido generando un caldo de cultivo de insatisfacción ciudadana, ante la que las autoridades comienzan a actuar con medidas correctoras ampliando, desde el 2015, la validez de garantías y reconociendo como delito esta obsolescencia programada. En julio, el Parlamento de Estrasburgo presentará una ponencia para una vida más prolongada de los productos como ventaja para el consumidor y productor, y una ley para alargar la garantía que facilite la reparabilidad de las cosas, como clara señal hacia las empresas de producción y un guiño hacia otras nuevas para que se basen competitivamente, de nuevo, en la durabilidad.

No solo es una cuestión económica de producción y costes, o de sostenibilidad de recursos, sino también de representación social de la validez de objetos y sistemas que trasciende a las personas.