La Rioja

SOBREDOSIS INVESTIGADORA

En España en general y en La Rioja en particular ha entrado una fiebre investigadora inédita hasta ahora. No hay escándalo o indicio de corrupción que quede sólo a merced de la labor instructora y del dictamen del juez. El Parlamento autonómico, como los ratones en su rueda, ha cogido inercia y desde que en mayo del 2015 las urnas pusieron el broche a veinte años de mayoría absoluta, está siendo voraz en la constitución de comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas, que de las penales ya se ocupan los tribunales.

No hay sospecha que se quede sin su comisión. A la de Caja Rioja, que persigue sacar a la luz cuál era la situación real de la entidad financiera antes de su integración en Bankia, se suman la de los contratos suscritos con la adjudicataria de la gestión del parking del CIBIR, la de la gestión de la Consejería de Presidencia y, por último, la del Plan General de Villamediana que regularizó el chalé de Sanz.

Cuatro frentes abiertos que en la práctica sirven para generar debate, pero no para el fin para el que han sido constituidas, que no es otro que investigar, porque sus conclusiones, salvo contadas excepciones, no dejan de ser un ruido ensordecedor con muy poco fundamento y sin validez jurídica.

En otras ocasiones se han convertido en el terreno en el que dilatar batallas políticas, que nada tienen que ver con el interés ciudadano. Un tufillo que expelen las recientes peticiones de los parlamentarios riojanos de PSOE y PP de indagar la financiación de sus respectivas sedes, especialmente cuando la Audiencia Nacional ya se encarga de los presuntos 200.000 euros de Duquesa de la Victoria.

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