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EDITORIALES

Justicia inmobiliaria

Gobierno y CGPJ se quedan cortos cuando la sentencia europea sobre las 'cláusulas suelo' continúa sujeta a la demanda del hipotecado

PPLL

Viernes, 2 de junio 2017, 22:02

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La decisión del Consejo General del Poder Judicial de especializar 54 juzgados en pleitos relacionados con cláusulas hipotecarias y el decreto del Gobierno creando una comisión de seguimiento, control y evaluación del recurso extrajudicial para la devolución del cobro indebido por las 'cláusulas suelo' revela, de entrada, una doble anomalía. Por una parte, que las entidades financieras -con alguna excepción- se resisten a devolver 'motu proprio' a sus hipotecados la cuantía detraída abusivamente en concepto de 'cláusula suelo', transfiriéndoles la responsabilidad de requerirla incluso por vía judicial. Por la otra, la parsimonia institucional en corregir tal situación cuando era evidente la renuencia de la firmas crediticias a cumplir por propia iniciativa con la sentencia europea. A pesar de la decisión adoptada a 26 de mayo de 2017 por el Consejo de Ministros para velar sobre la resolución extrajudicial de tales litigios, y a pesar de la asignación de 54 jueces a atenderlos cuando la entidad bancaria no acceda a los requerimientos de su cliente, parece evidente que las reclamaciones y la consiguiente diatriba continuará en el tiempo. Sobre todo porque las entidades concernidas tratan de minimizar los costes de las devoluciones esperando que sus hipotecados desistan finalmente. Ha de tenerse en cuenta que en muchos casos la cuantía reclamada no compensa el esfuerzo a realizar para obtenerla, el gasto que conlleva emprender el litigio y, especialmente, la incómoda situación en que se ven muchas familias al pensar siquiera en la eventualidad de demandar a su entidad de siempre. Temiendo que al día siguiente sean recibidos con frialdad y displicencia en esa sucursal en la que creían tenerlo todo y en la que se sentían protegidos. El Gobierno y el CGPJ han procedido a lo mínimo: instar y procurar la agilización de los pleitos que se susciten a cuenta de las 'cláusulas suelo'. Pero sus respectivas decisiones no acaban de asegurar que se haga Justicia, aunque sea por valor de unos cientos de euros en la mayoría de los casos. Corren el riesgo de contribuir al desistimiento ciudadano; a instaurar la disuasión entre los afectados cuando la aplicación del Derecho Europeo se ve sujeto a litigio previo.

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