La Rioja

EDITORIALES

Vulnerabilidad digital

El ciberataque del que ayer fueron objeto Telefónica y otras grandes compañías, que habrían recibido un mensaje de extorsión para zafarse del problema mediante el pago de un rescate en bitcoins, entraña especial gravedad no solo por los peligros futuros que señala; también por la inseguridad que genera entre los usuarios -empresas y particulares- vinculados a firmas que puedan ser la diana de 'crackers' (personas que vulneran sistemas de seguridad) cuyas motivaciones e intenciones finales se desconocen. Puede que, en un sentido material, el ataque no sea tan alarmante como aparenta. Pero es indudable que quienes actúan así no pretenden dar un golpe en busca de dinero a cambio, sino que tratan de establecerse 'en el mercado' haciéndose valer por su capacidad de paralizar siquiera psicológicamente la actividad económica y el uso individual de la Red. La era digital brinda posibilidades de sabotear y extorsionar de manera tan masiva, a tanta distancia y con tal grado de impunidad, que multiplica los peligros en proporción a las infinitas oportunidades que ofrece. La sensación de vulnerabilidad e impotencia que la noticia infunde cuando la respuesta inmediata a un ciberataque a esa escala no puede ser otra que apagar los ordenadores y abandonar los puestos de trabajo tampoco encuentra un antídoto eficaz en los mensajes que minimizan el alcance de la 'broma'. Las informaciones sobre una posible intromisión en los procesos electorales de Estados Unidos y de Francia para perturbar el curso de la opinión ciudadana indican que la amenaza es más que latente. La presunción de que los malhechores van siempre por delante de quienes tienen como misión prevenir sus acciones se hace más evidente en el universo digital, cuando las medidas de seguridad parecen acumularse en un entorno que se muestra opaco para los millones de usuarios finales de la Red. Puede que relativizar la magnitud del ciberataque de ayer y sus consecuencias sea lo razonable, en cuanto a sus efectos reales o como medida táctica. Pero la ciudadanía tiene perfecto derecho a conocer los riesgos que corre y a ser informada de las medidas que ha de adoptar para no verse afectada por situaciones análogas. Las empresas con menos recursos de seguridad informática tienen también la necesidad de moverse en un clima de mayor certidumbre. Por de pronto, urge un dictamen oficial sobre lo que ocurrió ayer.

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