La Rioja

EDITORIALES

Carcoma de corrupción

Las recientes informaciones sobre el alcance de las actividades de Ignacio González y otros, y sobre la desfachatez con que los miembros de la familia Pujol operaban con fondos de más que sospechosa procedencia han vuelto a presentar la corrupción como un mal endémico del poder político, aunque no afecte a todo él. La cuando menos confusa actuación de la Fiscalía General y del Fiscal Jefe Anti-corrupción ha revelado además graves sombras sobre hasta dónde pueden llegar las intromisiones del poder político en el esclarecimiento de hechos que pudieran ser delictivos. El mensaje de que se trata de asuntos del pasado -recurrente en la narrativa del Gobierno y del PP- sugiere que ya no pueden volverse a producir. Pero la cercanía en el tiempo de muchos de los escándalos que afloran y la asombrosa impasibilidad con que reaccionan los partidos y las instituciones concernidas advierte de todo lo contrario: de que ni las nuevas normas blindan a la democracia ante eventuales intentos de corrupción, ni la actitud gobernante disuade moralmente de incurrir en tales prácticas. La mera descripción de las tramas que se han desbaratado en los últimos años permite pensar que su actuación debía ser, si no conocida por muchos correligionarios, sí motivo de sospecha; y que debió contar con la complicidad y la colaboración de redes capaces de mover el dinero sustraído del erario de manera que resulta casi imposible conocer cuál es su monto y más difícil aun recuperarlo. Eso es lo que alienta el escepticismo en la ciudadanía respecto a las promesas de integridad y limpieza futura. No se percibe una disposición resuelta en los partidos señalados por la instrucción -e incluso acusados directamente- a esclarecer los hechos. El poder político no colabora con la Justicia a la hora de destapar la corrupción, sino que se resiste a hacerlo 'motu proprio', desafiando en el fondo a los jueces a que encuentren la pruebas necesarias para incriminar a los suyos. A la Justicia se le siguen regateando los medios precisos para que pueda actuar con celeridad y especialización ante los delitos económicos. La Fiscalía queda más en entredicho precisamente después de que el Gobierno más se vanagloria de haber depurado responsabilidades en las urnas. Pero se va acumulando tanta carcoma que ni Rajoy debería estar tan seguro de que también esto de la 'operación Lezo' y sus derivaciones institucionales pasarán.

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