La Rioja

Confiar en el agua del grifo

Si la historia del saqueo al Canal de Isabel II acaba como parece, el daño afectará a una población de más de seis millones. Más de seis millones son las personas que en Madrid beben a diario agua del grifo; un agua de calidad, de sabor muy agradable e higiene perfectamente controlada. Esa es la principal tarea encomendada a la empresa pública que administra los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma. Ninguna otra.

Saltar el 'charco' para embaucar a terceros en operaciones fraudulentas, fichar en Latinoamérica gestores también corruptos, es lo que no se merecían los madrileños que beben confiados el agua que les suministra una empresa de prestigio. Algunas intervenciones telefónicas grabadas por orden judicial, acreditan que los largos brazos del pillaje han afectado a casi todas la grandes inversiones del Canal de Isabel II en Sudamérica.

Menos mal que en el referéndum no vinculante sobre su privatización, celebrado hace cinco años, el 99% de los votantes apostó por mantener su carácter público. Sin esos controles, el Canal de Isabel II habría sido deglutido por entero.

Los más ingeniosos movimientos antisistema, destinados a dañar las instituciones, serían unos niños de teta comparados con el daño hecho a la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid. Después de tantos latrocinios registrados en diversas latitudes de la Península, el último de los conocidos apenas deja títere con cabeza. De entre los cascotes de la corrupción, los órganos cabales, que son incontables, tienen que levantar la bandera de la honradez. Con mucha energía. Porque no es de justicia que el desprestigio acabe manchando a todos por igual.

Para abonar la desconfianza, nada mejor que la memorable contribución hecha por el nuevo fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, al que le ha salido el tiro por la culata. Moix intentó frenar en parte registros ordenados en Madrid por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a instancias de los fiscales del caso, pero la Junta de Fiscales decidió por mayoría no acatar la orden. Un tanto de gran valor, que habrá que abonar en la cuenta del Ministerio Público que, por cierto, últimamente presentaba un saldo en números rojos.

Los avances en la investigación de la 'operación Lezo' permitirán conocer cómo se han articulado esta vez las trampas de siempre, o las novedades aplicadas a la hora de pagar y/o cobrar sobornos, en un país donde la corrupción ha engullido recursos humanos, sociales y económicos en proporción devastadora.

Si, hace mensos de cinco meses, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cifró en 90.000 millones de euros al año en España, el coste de esos delitos, a día de hoy la cifra no habrá hecho más que engordar.

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