La Rioja

EDITORIALES

Legislativo a medio gas

La actual legislatura es novedosa porque nunca un presidente del Gobierno se había apoyado en una mayoría tan exigua. La suma de los 137 diputados del PP y los 32 de Ciudadanos, socio principal de Rajoy, no llega a la mayoría absoluta (176 escaños), lo que dificulta como es lógico la tarea legislativa. De hecho, en los meses que llevamos del cuatrienio, las Cortes han dado a luz una única ley anodina (la transposición de una directiva sobre restitución de bienes culturales objeto de tráfico ilegal). Y en este tiempo, el Gobierno ha registrado otros cinco proyectos de ley: los Presupuestos del Estado, una norma sobre precursores de explosivos y la transposición de otras directivas comunitarias. Bien poco en comparación con lo que realizó en el periodo idéntico de la legislatura que comenzó en 2011: entonces había aprobado cinco leyes, entre ellas la presupuestaria, y presentado trece proyectos de ley. Mejor fortuna ha tenido el Gobierno con los decretos leyes, ya que ha presentado doce, de los que sólo el de la estiba ha terminado embarrancando; no hay duda de que estos pactos puntuales son más fáciles de lograr. A estas alturas, el Ejecutivo ya se ha percatado sin duda de que en esta legislatura no sólo no va a poder desarrollar su programa electoral, sino que, si acepta recorrerla, tendrá que negociar la reforma de sus propias normas ya aprobadas en la legislatura anterior en materias tan sensibles como la educación, la normativa laboral y la seguridad. El presidente Rajoy parece dispuesto a aceptar el envite y a realizar por tanto concesiones, lo que es una muestra de realismo toda vez que las encuestas confirman que el modelo cuatripartito ha llegado para quedarse: no habrá en un futuro cercano mayorías absolutas, por lo que la transacción y el pacto habrán de imponerse como método de desarrollo político. De cualquier modo, la actual inestabilidad de la legislatura es anormalmente alta porque hay indefiniciones pendientes que deben resolverse. El liderazgo del PSOE, que se aclarará en las próximas semanas, definirá el grado de contribución que el segundo partido del país está dispuesto a prestar a la gobernabilidad.