La Rioja

EDITORIALES

Proceso estancado

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, condenando a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau a dos años, año y nueve meses, y año y medio de inhabilitación, respectivamente, por desobediencia al Tribunal Constitucional en la convocatoria de la consulta del 9-N de 2014, se basa en ocho actuaciones del Gobierno de la Generalitat posteriores a la prohibición de lo que el independentismo denominó «jornada participativa». La actualización de una página web específica y oficial, el mantenimiento de la campaña de publicidad del gobierno autonómico, el envío de correspondencia con sello de la Generalitat, la distribución de diverso material en los centros acondicionados a modo de colegios electorales, la contratación de seguros para nada menos que 27.000 voluntarios inscritos, el desarrollo de programas informáticos concebidos para la consulta, la infraestructura material del 9-N y la habilitación de un centro de prensa. Actuaciones que echarían por tierra el argumento de que tras la resolución contraria del TC la consulta pasó a manos de personas voluntarias. El TSJC no ha juzgado ideas, como alega el propio Mas, sino acciones que contravinieron las instrucciones del Constitucional. Tampoco éstas podían ser objeto de libre interpretación -como alegó Francesc Homs ante el Supremo, contradiciendo en parte los argumentos de defensa de Mas, Ortega y Rigau- puesto que los responsables de la Generalitat eran -según la sentencia- plenamente conscientes de la situación. El independentismo gobernante en Cataluña decidió hace cuatro años y medio confrontar sistemáticamente la legitimidad de sus postulados con la legalidad constitucional, para así abocar a los catalanes hacia un proceso irreversible, alentando el victimismo como fuente principal de energía. Es posible que los más entusiastas del secesionismo en Junts pel Sí y los promotores de las entidades independentistas crean que, tras la sentencia del TSJC, están hoy más cerca de su meta. Pero el encadenamiento de hechos consumados en contra o de espaldas a las leyes de un sistema democrático conduce a un callejón sin salida. La pretensión de transitar de la Ley común a todos los españoles a una 'Ley catalana' revela su falacia cuando se incumple la primera. La confusión urdida entre el destino de la 'nación catalana' con el destino político del anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, es la prueba más fehaciente de que la corriente independentista se estanca.

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