La Rioja

El municipalismo del siglo XXI

El domingo 3 de abril de 1979, casi 17 millones de españoles participaron de forma democrática en las primeras elecciones municipales tras el franquismo. Los ayuntamientos, como institución del Estado reconocida en la Constitución de 1978, se ponían en marcha. El espíritu de ilusión, las ganas de transformación social de nuestros municipios y el desinteresado trabajo de más de 66.000 concejales electos, dejaron una huella imborrable de proximidad y modernización. Hombres y mujeres que hicieron de la participación ciudadana el motor del asociacionismo y comenzaron a construir unos servicios públicos de calidad para avanzar en políticas sociales que comenzaron a dignificar la vida de las personas.

No cabe duda de la evolución que los ayuntamientos han sufrido en todo este tiempo. Estas instituciones, como ventanilla única para las necesidades e inquietudes de los ciudadanos, han resuelto muchos de los retos que España tenía en el arranque de su etapa constitucional reciente. Han reflejado la pluralidad de nuestro país y han sabido canalizar modelos de gestión modernos, de una administración eficiente y eficaz, demostrando que el papel de lo público garantizaría una mayor igualdad entre las personas.

La universalización de los servicios sociales básicos, una política urbanística ordenada que se basó en los Planes Generales de Ordenación del Territorio, el impulso de la cultura y el deporte como agentes democratizadores y el diálogo y la cooperación tras el impulso de los tejidos sociales tan necesarios para que la ciudadanía, organizada, participara activamente en la construcción de sus pueblos y ciudades, supusieron la articulación del Estado Municipal en todo su esplendor.

El municipalismo democrático ha estado sometido en el conjunto del país a un cierto olvido por parte del resto de administraciones del Estado. Tal vez haya sido propiciado por la inercia forzada que exigió consolidar otras formas de Administración supramunicipales. Desde la aprobación de la Constitución Española, los esfuerzos se han fijado en el desarrollo del Estado de las Autonomías, entendido este como la construcción de las comunidades autónomas, pero este proceso no será completo hasta la consecución de una verdadera autonomía local, junto a una financiación justa que sostenga las competencias para el desarrollo de los servicios públicos básicos. El municipalismo ha supuesto una verdadera fuerza democratizadora de nuestro país en el último cuarto del siglo XX, toca ahora un impulso hacia su autonomía real y reconocimiento como vertebrador de la sociedad civil española.

La Unión Europea, consciente del extraordinario potencial que posee el municipalismo, ha promovido desde los años 80 todo tipo de redes colaborativas entre ciudades y regiones. Sirva como muestra los hermanamientos entre municipios impulsados en el pasado siglo. Sin embargo, la extraordinaria velocidad de crucero de la globalización a partir de los años 90, así como los nuevos retos sobrevenidos con ella y con las grandes ampliaciones hacia el este del continente, no han hecho sino subrayar la necesidad de acelerar y profundizar el fenómeno del municipalismo.

La legislatura 2011-2015 ha sido negativa para el municipalismo. La nueva Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (LRSAL), aprobada de forma unilateral por el Gobierno de España, ha supuesto un verdadero retroceso. Una ley que no ha llegado a aplicarse por la gran amenaza que supone para la merma de servicios públicos básicos y por el choque con la C.E. en varios de sus artículos. Un ataque a la autonomía municipal y que, lejos de resolver el problema de la financiación local, agudiza la falta de recursos y competencias.

Los ayuntamientos, además, han sido los únicos en cumplir las directrices del Ministerio de Economía y Hacienda, generando un superávit estructural que ha alcanzado los 5.000 millones de euros, es decir, el 0,5% del PIB español. Un ahorro que no se permite reinvertir en políticas sociales y de impulso económico de los municipios. Además, la flexibilización del techo de gasto supone un reto para los ayuntamientos, que gestionan con eficacia y eficiencia los recursos públicos.

Con una presión fiscal en España, que es siete puntos menos que la media europea, debemos mantener una política fiscal progresiva que contenga los ingresos de nuestros ayuntamientos para mejorar los servicios públicos y repartir la riqueza con equidad y justicia.

La financiación local, la gran asignatura pendiente en nuestro país, ha de articularse en un nuevo diálogo conjunto con el resto de administraciones, en una misma mesa, tal y como se ha acordado en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), órgano bilateral entre la FEMP y el Gobierno de España del que formo parte. Nombrada ya la Comisión de Expertos, vamos avanzando en esta reivindicación histórica.

Por tanto, el municipalismo, como parte del Estado, adolece de un trato justo. Los alcaldes y alcaldesas, en defensa legítima de sus ciudadanos, necesitan articular un modelo de financiación y unas reglas que ahonden en la autonomía local para una mayor y mejor prestación de los servicios públicos. Nuestro compromiso radica en el convencimiento de que la democracia, sin unos ayuntamientos fuertes y bien dotados, se debilitará, y con ella, el pulso de un país que basa en la pluralidad de sus pueblos su mayor fortaleza y sentido.

Queremos que los ayuntamientos ocupen su lugar. Tenemos mucho que decir en la reforma constitucional, donde la administración local ocupa un espacio irrelevante. Queremos que en el Senado de España se articule un foro de representación municipal, para que se nos escuche y donde se influya en los debates sobre la construcción del país. Abogamos por un gran pacto que frene el despoblamiento de nuestras zonas rurales, algo que en La Rioja urge de manera extrema.

La autonomía municipal y el impulso de la democratización pasa por una reforma de las administraciones que conviertan a los ayuntamientos en el catalizador de las respuestas a los retos del siglo XXI. Ese es nuestro compromiso, la recuperación del espacio de todos y el impulso, junto al tejido social, de una participación ciudadana real que fortalezca la política con mayúsculas que se practica en los pueblos y ciudades. Un retorno al espíritu de ilusión y libertad manifestado en abril de 1979, donde los municipalistas fuimos imprescindibles en la puesta en marcha de una democracia fuerte que comenzaba en los pueblos y ciudades.