La Rioja

La renta de ciudadanía en La Rioja

A la espera de la anunciada aprobación de la Ley de Renta de Ciudadanía, la atención de los agentes sociales y en general de los colectivos y familias en riesgo de exclusión social, como principales destinatarios, se centra en las mejoras que este proyecto pueda ofrecerles respecto a las actuales prestaciones básicas (IMI y AIS). Ejemplo de ello son la supresión de los tiempos de espera, la duración de su cobertura o la cuantía en función de la unidad familiar, entre otros.

Sin embargo, los innegables aspectos positivos del proyecto de ley no pueden impedir una reflexión detenida sobre los tiempos y condicionantes del proceso normativo en curso en relación con el contexto socio-económico en que nos encontramos.

En este sentido, desde la experiencia diaria de Cáritas La Rioja creemos necesario llamar la atención sobre aquellos aspectos que pueden dificultar la pronta y plena eficacia del proyecto y el cambio de cobertura social que conlleva.

Por un lado, nos inquieta el tiempo que tardará en estar en funcionamiento. El desarrollo reglamentario, la revisión y actualización de cuantías de las prestaciones precedentes de IMI y AIS en función de la situación familiar, la resolución de las nuevas solicitudes... Llevar a cabo puntos como estos hace prever que la completa normalización del nivel de cobertura y protección se demore sensiblemente. Por ello, parece oportuno exigir acortar todo lo posible el período transitorio y cubrir durante este tiempo las necesidades básicas y urgentes de los colectivos y personas afectadas de modo acorde a las expectativas generadas por el proyecto de renta.

A fin de paliar el efecto transitorio descrito, nos permitimos sugerir la necesidad de:

- Agilizar el desarrollo reglamentario de la ley y la puesta a punto del operativo preciso. Se ha de asegurar una eficaz y rápida gestión administrativa, un buen uso de los recursos y medios y un ágil diseño de los protocolos necesarios para la adecuación de las nuevas prestaciones a los ciudadanos que lo precisen.

- Dotar a los programas de ayuda de emergencia tanto autonómicos como municipales, prestando especial atención a las zonas con población más desfavorecida.

- Activar simultáneamente y sin demora, a nivel regional y municipal, cuantas medidas y programas de apoyo estén previstas en este ejercicio para proteger a las familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Es preciso convocar, gestionar y cubrir con urgencia los casos de pobreza energética, infantil, escolar o de vivienda.

Por otra parte, queremos destacar la parte que atañe a la inserción socio-laboral, aspecto fundamental de esta renta de ciudadanía y un objetivo a alcanzar a través de los procesos de tutorización y de proyectos individualizados de inserción. Para no demorar su puesta en marcha realizamos dos sugerencias.

En primer lugar, que el área de Servicios Sociales refuerce la coordinación y relación con los Servicios de Empleo para el funcionamiento y seguimiento de los procesos personales de los usuarios. Desde ahora han de aplicar las medidas que se contemplan en el Plan de Formación Profesional y Empleo de La Rioja 2016-2019, tanto desde la perspectiva de la formación como desde la activación del empleo, en especial para los colectivos en riesgo o situación de exclusión, y realizar una evaluación periódica de su resultado.

En segundo lugar, y en lógica sintonía con lo anterior, consideramos también una necesidad inmediata revisar y actualizar, de acuerdo a la nueva prestación, el actual programa de ayudas para la contratación de perceptores de IMI (Ingreso Mínimo de Inserción). Es un recurso de activación y fomento del empleo con innegable proyección social y sin duda, es complementario del proyecto de renta.

En definitiva, desde la perspectiva del apoyo a los segmentos de población más necesitados y el deseo de revertir los males que les afectan -desempleo, pobreza y desigualdad-, en Cáritas La Rioja presentamos las propuestas formuladas en los párrafos anteriores con el propósito de favorecer la pronta llegada y normalización de la Renta de Ciudadanía. Se anuncia como «ayuda eficaz, justa y digna» pero hasta su implantación sus futuros benefactores precisan la protección social más adecuada sin debilidades, lagunas o vacíos.