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Jueves, 9 de marzo 2017, 23:28
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Ciudadanos ha retirado su apoyo al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que fue investido gracias a sus votos, por el 'caso Auditorio'. El propio Sánchez declaró -la grabación ha sido reproducida profusamente- que dimitiría si llegaba a darse su actual situación procesal, y Ciudadanos, que ha enarbolado constantemente la bandera de la lucha contra la corrupción como uno de sus principales distintivos, ha firmado con el PP diversos acuerdos estatales y regionales que obligan a la dimisión del cargo público si un juez decide su procesamiento (que comporta la existencia de indicios racionales de criminalidad) por un asunto lindante con la corrupción. Si en este país no hubiera habido los precedentes que todos conocemos, este rigor sería quizá innecesario, y la obligación de dimitir podría aplazarse por sistema al momento de la apertura de juicio oral. Pero la ciudadanía está justamente irritada y las fuerzas 'nuevas', Ciudadanos en especial, tienen el derecho y la obligación de ser estrictas en esta materia. Después de todo, es de suponer que el PP tendrá otro líder político ajeno a cualquier episodio sospechoso y capacitado para sustituir a Sánchez, por lo que no se entiende bien la resistencia del partido en una región donde la corrupción no ha sido precisamente anecdótica. Por ello, el cumplimiento por Ciudadanos de la palabra dada resulta reconfortante.
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