Equidad entre iguales

Las comunidades autónomas no parecen haber atinado en la creación de su propio sistema impositivo, según se desprende del informe 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017', elaborado por el Consejo General de Economistas, que pone de manifiesto la existencia de 79 impuestos autonómicos propios, y su número no deja de incrementarse pese a que su escasa capacidad de recaudación. En la práctica, muchos de estos impuestos no llegan a entrar en vigor, bien porque son declarados inconstitucionales -el que gravaba los depósitos de las entidades de crédito-, o terminan siendo bonificados en un ciento por ciento o suprimidos. Tampoco los impuestos cedidos -Donaciones, Sucesiones o Patrimonio- generan grandes beneficios tributarios en comparación con los grandes impuestos ya que en tanto la recuperación económica ha incrementado el IRPF o el Impuesto de Sociedades, los cambios normativos han rebajado un 59% entre 2008 y 2014 los ingresos de las comunidades autónomas que procedían de Patrimonio. Lo mismo ha ocurrido con Sucesiones y Donaciones (-14,7%), impuesto en el que existen actualmente unas 250 reducciones, deducciones y bonificaciones. Pese a la escasa cuantía de los impuestos autonómicos, la heterogeneidad existente genera diferencias que resultan difícilmente justificables, y ello fue cuestionado por las comunidades con gobiernos socialistas en la pasada Conferencia de Presidentes. Así, un contribuyente con unos 15 millones de Patrimonio puede pasar de pagar 418.155 euros en Extremadura a 136.885 euros en La Rioja y a no pagar nada en Madrid. Y algo parecido sucede con los impuestos de Sucesiones y Donaciones. La diversidad fiscal podría tener sentido si con ella se pretendiera una sana competencia económica entre comunidades autónomas para atraer actividades productivas pero no en otros casos, como las herencias, en que al criterio de equidad debería preponderar. En definitiva, nuestro sistema de financiación autonómica, que ahora va a ser revisado, debería replantearse, además de una distribución cabal de los recursos, una reconsideración general del conjunto, para armonizar aquellas figuras tributarias cuya diversidad no pueda justificarse.