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EDITORIALES

Cataluña, en vías de negociación

El Gobierno debe mantener el respeto a la ley, pero con concesiones atendibles

PPLL

Domingo, 26 de febrero 2017, 23:48

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La reclamación nacionalista de independencia, actualmente sostenida por la coalición Junts pel Sí con el apoyo de la CUP, es difícil de manejar por el Estado porque el soberanismo se ha situado voluntariamente al margen de la legalidad constitucional, territorio donde las instituciones no tienen margen. Ello explica que el Gobierno Rajoy haya actuado generalmente a la contra, a través del Tribunal Constitucional, utilizando los resortes que la Carta Magna le concede. Sin embargo, el conflicto avanza precipitadamente hacia el callejón sin salida de la convocatoria imposible de un referéndum de autodeterminación que obligaría al Estado a emplearse con mayor contundencia. Lo que acabaría volando los últimos puentes de una relación que debe mantenerse a toda costa porque de ningún modo está acreditada la desafección masiva que proclama el independentismo, sino que la mayoría del pueblo catalán, aunque irritado por la insensibilidad de Madrid, está por la conciliación y la concordia. Así las cosas, el Ejecutivo parece haber entendido que la mejor manera de desactivar la pretensión rupturista del soberanismo es tomar la iniciativa política. El actual Gobierno ha cambiado el tono y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría viaja hoy por octava vez a Cataluña desde que fue designada oficiosamente ministra competente en este contencioso. En el equipaje lleva la disposición a negociar las 45 demandas catalanas -todas menos el referéndum- que podrían comenzar a resolverse en una futura entrevista entre Puigdemont y Rajoy. El viaje se produce esta vez después de que Artur Mas invocara la pasada semana en Madrid la posibilidad de una 'tercera vía', presagio que también sugiere la posibilidad de su retorno al frente de PDeCAT en unas nuevas e inminentes elecciones. Se ha emprendido el camino correcto, en el que el Gobierno debe desarrollar tanto rigor como audacia. Rigor en el respeto a la legalidad y audacia en la definición de un nuevo modelo de financiación y en la satisfacción moral de algunas exigencias catalanas atendibles, como las referentes a las competencias culturales y educativas vinculadas a su afirmación identitaria.

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