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EDITORIALES

Independencia fiscal

No puede haber la mínima sospecha de que el Ministerio Público responde a instrucciones del Gobierno

PPLL

Viernes, 24 de febrero 2017, 00:38

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Las denuncias periodística, primero, y política, después, sobre supuestas injerencias del Gobierno en decisiones del Ministerio Fiscal que afectarían al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y al vicepresidente del Senado y expresidente riojano, Pedro Sanz, ambos del PP -según su aparición cronológica- han vuelto a poner en cuestión la independencia de éste órgano del Poder Judicial. No han colaborado en sentido contrario las declaraciones, ayer mismo, del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuestionando públicamente la cualificación de las dos fiscales que informaron a favor de investigar al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; ni las del Fiscal General, José Manuel Maza, señalando que su posición contraria a dicha investigación no respondió a presión alguna sino a informes entre los que, al parecer, no se encontrarían los de las dos fiscales; y mucho menos lo ha hecho el desliz del presidente murciano al evidenciar que conocía la postura de cuatro fiscales del Tribunal Supremo reacia a su imputación. Y aunque el caso referido al senador y expresidente riojano, Pedro Sanz, admite otra lectura bien diferente -en tanto que la Fiscalía Superior de La Rioja ha negado en redondo haber recibido «en ningún momento ni en forma alguna ni orden ni indicación ni por parte de la Fiscalía General del Estado ni por ninguna otra persona o institución...» e incluso ha revelado que el fiscal «se mostró partidario» de la investigación en las partes que atañían, entre otros, a Pedro Sanz- la secuenciación de una y otra denuncia ha puesto en solfa la independencia con la que actúa el Ministerio Público. Lo ha hecho, además, en un momento delicado, cuando se espera el casi inmediato nombramiento de los fiscales anticorrupción y de, entre otros, el fiscal jefe del Tribunal Superior de La Rioja.

Que el nombramiento del titular de la Fiscalía General corresponda al Gobierno de turno no debería suponer, ni lo hace explícitamente, ni que el designado esté sujeto a sus indicaciones institucionales, y mucho menos a requerimientos partidarios. Que la Fiscalía constituya un estamento jerarquizado tampoco exime a quienes ocupan responsabilidades superiores de atender a los criterios de sus inferiores y de argumentar expresamente sus posibles desavenencias respecto a los mismos antes de adoptar una decisión. La más mínima sospecha de que la Fiscalía atiende a instrucciones del poder político y defiende los intereses del partido en el Gobierno, de que el Fiscal General interviene directamente cuando están en juego esos intereses, resulta demoledora para la confianza que la democracia ha de trasladar a los ciudadanos. Máxime cuando las situaciones que suscitan dudas y reservas en cuanto a la actuación de la Fiscalía se refieren a posibles casos de corrupción política. El Ministerio Público tiene el deber de velar por los fundamentos del Estado de Derecho, empezando por negarse a solicitar la investigación -imputación- de aquella persona que no vea que haya podido incurrir en algún ilícito. Pero ni su estructura jerárquica puede convertirse en un mecanismo que desoiga a aquellas y aquellos fiscales que están trabajando sobre el terreno, ni el ministro de Justicia o cualquier otro integrante del Gobierno pueden explayarse con comentarios y calificaciones al respecto sin incurrir en una abusiva interferencia hacia la actuación de uno de los pilares del sistema de Justicia.

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