Asegurar el futuro

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, advirtió ayer de que mantener el poder adquisitivo de las pensiones supondría un déficit adicional para las arcas públicas de 10.000 millones de euros de aquí a 2022, por lo que a su entender el equilibrio financiero del sistema solo podría restablecerse mediante el aumento anual del 0,25% vigente. La disyuntiva está clara, atendiendo a las palabras de Escrivá. O la mayoría de los pensionistas asume que la media de sus ingresos por parte de la Seguridad Social ha de perder hasta 7 puntos porcentuales de poder adquisitivo para garantizar su sostenibilidad o el sistema se deslizará hacia su quiebra a medio plazo a cuenta de los actuales beneficiarios. El problema desborda el debate sobre si algunas pensiones han de sufragarse o no mediante los Presupuestos Generales y, por supuesto, la discusión sobre el objeto mismo del fondo de reserva. En el fondo, la AIReF vino a advertir ayer de que los actuales pensionistas y los que vayan jubilándose en los próximos años deberán estar dispuestos a desarrollar una vida el 7% más austera para que quienes les sucedan en la misma situación puedan continuar disponiendo de la Seguridad Social. Es legítimo reivindicar que las pensiones vuelvan a indexarse, revalorizándose en función del IPC, o que así ocurra con las de menor cuantía. Pero acto seguido resulta imprescindible identificar con claridad la fuente que se proponga para asegurar tales subidas anuales. Si han de ser las cotizaciones empresariales y las de los trabajadores con trabajo, y en qué medida. O si ha de remitirse la factura a los contribuyentes en su conjunto, a través de los Presupuestos. La evolución demográfica de la población española -con un crecimiento vegetativo en rojo y una corriente migratoria atenuada además por el control de fronteras-, los pronósticos sobre la economía nacional e internacional para los próximos años y la devaluación que están experimentando las nóminas de los trabajadores exigen que el debate, dentro y fuera del Pacto de Toledo, se atenga al principio de realidad. En ese sentido estuvo acertado ayer José Luis Escrivá cuando recordó, con otras palabras, que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social no puede seguir aferrándose únicamente a las buenas noticias.