La Rioja

EDITORIALES

El soberanismo, en el banquillo

La vista judicial por los acontecimientos del 9-N tiene lugar hoy. El entonces presidente de la Generalitat y dos exconsejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, se sentarán en el banquillo para responder de los delitos de desobediencia y prevaricación al haber contribuido a la celebración de una consulta ilegal, expresamente vetada por el Tribunal Constitucional. La organización soberanista Omnium Cultural ha convocado una manifestación para arropar a los querellados que podría agrupar a unas 40.000 personas a las puertas del Tribunal. Los partidos soberanistas y los sindicatos UGT y CC OO apoyan esta iniciativa. Los inculpados, embargados de patriótica vehemencia, han acentuado en estas horas previas su papel de víctimas, como desde siempre ha hecho el nacionalismo soberanista. Mas se reafirma en su actitud y denuncia una persecución política, en un planteamiento que carece de sentido, porque es absurdo imaginar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el máximo órgano jurisdiccional de la Comunidad Autónoma, es una marioneta al servicio de los intereses bastardos de este o de aquel gobierno. Según un sector de la opinión jurídica, no habría existido en este caso delito de desobediencia, y por tanto tampoco de prevaricación, porque no se dan determinados requisitos, pero esta no es la cuestión: lo grave es que un asunto político, relacionado con la ubicación institucional de Cataluña en el Estado, haya de dirimirse en los tribunales. Pero en este pugilato no todas las responsabilidades son idénticas: en nuestras democracias maduras, nadie suele poner en cuestión el ordenamiento constitucional ni obtiene sus objetivos apelando a los hechos consumados, y en esta ocasión es evidente que los independentistas han violentado el ordenamiento, algo inconcebible a los ojos no sólo de los demócratas de aquí, sino también de la comunidad internacional, y en concreto, de nuestros socios de la UE. El conflicto suscitado en Cataluña por la deriva independentista de un sector de opinión airado con el Estado debería resolverse mediante el diálogo, la negociación y el pacto (no en vano la democracia es ante todo un método de resolución de conflictos), pero no es legítimo pedir diálogo tras haber roto la baraja y poco antes de amenazar con volver a hacerlo.