La Rioja

EDITORIALES

Cinco años de la reforma laboral

La reforma laboral de 2012 con la que el Gobierno de Rajoy encaró la gravísima crisis económica, que había provocado el desfondamiento del partido saliente y unas elecciones anticipadas que otorgaron el PP mayoría absoluta, cumple un lustro este mes. La reforma consistió en una profunda desregulación del empleo mediante un despido mucho más fácil y barato, permitiéndose el descuelgue de las empresas, dando prevalencia al convenio de empresa sobre el de sector y eliminándose la autorización previa. Durante el primer año, la reforma permitió concluir el ajuste, con lo que el desempleo siguió creciendo a ritmo galopante (hubo 735.000 parados más) hasta superar los seis millones, pero a partir del primer trimestre de 2013 comenzó a bajar y hoy hay ya hay 1,4 millones de parados menos y 750.000 empleos más. La reforma contribuyó a este proceso de recuperación, sin duda, pero es imposible saber en qué medida. Hoy, con el PP gobernando en minoría, los sindicatos y la mayoría de las demás fuerzas parlamentarias exigen cambios. La izquierda pide la derogación de la reforma, que el Gobierno podría evitar, con la ayuda de Ciudadanos, si se presta a buscar un consenso razonable, que ataque además el principal problema planteado, la insoportable temporalidad. Además, el sistema ha sido incapaz de impedir que los más jóvenes sean los que con más dureza sufren el desempleo, con tasas que han superado el 50% y que hoy aún rebasan el 40%. Buena parte de los expertos que apoyan la reforma reconocen también que el actual sistema de relaciones laborales ha limitado en exceso el derecho de negociación colectiva por la preminencia de los convenios de empresa. Parece evidente que con la mejora de la situación del país tendrán que revertirse las disposiciones de excepción que han servido para remontar la doble recesión. Habría, en fin, que buscar un acuerdo sólido para acometer la reforma de la reforma en términos aceptables por todos y que tengan en cuenta la necesidad de mejorar la calidad del empleo como condición indispensable para recuperar la cohesión social, que se ha fracturado seriamente y que debemos reconstruir para garantizar la buena salud del sistema representativo.