La Rioja

EDITORIALES

Investigación judicial

La Cataluña oficial volvió a sobresaltarse ayer con la operación desarrollada por la Guardia Civil en el marco de la investigación que el Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell ordenó en 2013 ante indicios que apuntaban a una trama de «sobornos bajo la apariencia de donaciones» a favor de CDC a través de sus fundaciones. La actuación de ayer obedece, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, a la detección de presuntos «delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos». Todo en torno a concursos públicos que podrían haber sido amañados. Las 18 detenciones y los 24 registros tuvieron lugar después de que responsables del Gobierno de la Generalitat hubieran anunciado que los procedimientos judiciales en marcha contra los responsables de la 'consulta participativa' del 9 de noviembre de 2014 podrían acelerar el calendario independentista. Tal coincidencia desató las habituales declaraciones victimistas, dando por supuesto que la Guardia Civil actuaba por indicación del Gobierno central. La teoría de la conspiración resulta a estas alturas ridícula cuando los pronunciamientos secesionistas se suceden y no dan ni un día de tregua para que la actuación judicial ordinaria contra el 3% del 'comisionismo convergente' evite el enésimo envite independentista. Una voz de autoridad y nada sospechosa, como la del juez Juan Pedro Yllanes, en la actualidad diputado de Podemos, rechazó ayer de plano que la operación desarrollada en Barcelona pudiera obedecer a directrices políticas ajenas a las pesquisas judiciales. Especulación por especulación, cabría relacionar las revelaciones de corrupción en el entramado convergente -empezando por el escándalo Pujol- con la recomposición que está experimentando el mapa partidario catalán. El hecho de que Convergència se haya visto obligada a refundarse para llamarse Partit Demòcrata Català no es ajeno a la actuación del juzgado de El Vendrell y otras, a instancias de cargos locales de ERC. Si la gobernación de la Generalitat y el rumbo del secesionismo están a merced de la CUP se debe en gran medida al descalabro del 'pujolismo' y de sus herederos a causa del 3%.

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