La Rioja

EDITORIALES

Dignidad por dignidad

La tragedia del Yak-42 acabó, el 23 de mayo de 2003, con la vida, entre otras, de 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán en condiciones de vuelo inadmisibles para un Estado que ha de velar por la seguridad de todos los servidores públicos. El mismo servicio de inteligencia del Ejército había advertido al respecto con anterioridad a la catástrofe. La gestión gubernamental de la crisis desatada por tan inexplicable accidente, urgiendo la celebración de las exequias fúnebres, pasando por alto los requisitos mínimos para una identificación fehaciente de los cadáveres, orillando a las familias en medio del desconsuelo y enrocándose el Ministerio de Federico Trillo y el Ejecutivo de Aznar en la defensa a ultranza de su buen hacer sin siquiera dar margen al luto, constituye uno de los episodios más tristes e injustificables del período democrático. El informe que, por unanimidad, ha emitido el Consejo de Estado, señalando que el Ministerio de Defensa tuvo conocimiento de los riesgos que entrañaba la contratación de los aviones en esas condiciones y no corrigió su proceder, reabre el caso en su dimensión política y pública. Pero también proyecta dudas más que razonables sobre las circunstancias en que se desarrollaron las actuaciones judiciales, desde el momento en que la negligencia ministerial fue consciente, desde el momento en que comprometió a toda la escala de mando, y desde el momento en que las investigaciones y pesquisas se vieron a todas luces interferidas por un poder que se sentía impune en su soberbia. Los familiares de los fallecidos en el Yak-42 han saludado la verdad que encierra el informe del Consejo de Estado, pero siguen echando en falta la justicia que reclaman para sus seres queridos. Es, de seguro, una sensación que alcanza a la inmensa mayoría de la opinión pública. PSOE, Podemos y Ciudadanos exigieron ayer el «cese fulminante» de Federico Trillo como embajador en Londres. Ya no se trata de una decisión de orden político a sortear como se pueda. Es una cuestión de dignidad. De la dignidad mancillada de 62 víctimas de la soberbia gubernamental recordando que la gravedad histórica de los hechos denunciados por el Consejo de Estado no prescribe.

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