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Problemas  resolubles

Problemas resolubles

«Los 'bonos de impacto social' dirigen los fondos públicos hacia aquellas políticas que demuestren claramente su impacto en asuntos prioritarios con resultados medidos»

CONRADO ESCOBAR CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA IÑAKI ORTEGA DIRECTOR DE DEUSTO BUSINESS SCHOOL Y PROFESOR DE LA UNIR

Lunes, 9 de enero 2017, 00:01

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Mucho se habla sobre cómo se está reinventando el mundo que conocíamos hasta ahora. El sector financiero con la llegada de nuevos operadores digitales y del pago con móvil . El turismo con la tecnología que ha acercado todo lo que parecía tan lejano como viajar en avión barato o alojarse en localizaciones inimaginables. La venta minorista que ha visto como tiendas globales y online que no existían hace apenas unos años hoy son la referencia para los consumidores de cualquier localidad sea grande o pequeña. Los coches eléctricos compartidos ya se ven en muchas ciudades de nuestro país y no son elucubraciones de los gurús empresariales. Son todos ellos ejemplos en el ámbito económico de un fenómeno que afecta a multitud de sectores como pueden corroborar aquellos que trabajen en la energía, la industria manufacturera o hasta en la música.

La política también, en todo el mundo, está en este proceso de reinvención. La democracia española ha demostrado su madurez incorporando a dos nuevas fuerzas políticas con capacidad de hacer cosas buenas por el país. Hoy en España, pese a las encuestas y las presiones a un lado y otro del espectro ideológico, mediático y hasta empresarial, tenemos un presidente del Gobierno que es puesto como ejemplo en Europa de estabilidad y buen hacer. Los diferentes plebiscitos en el Reino Unido, Colombia e Italia además del resultado de las elecciones americanas nos demuestran, como lo citado anteriormente, que el futuro no está escrito cuando hay urnas por medio y ciudadanos que ejercen su voto informados y siendo conscientes de su capacidad de influencia.

No hay sector que quede fuera de la modernización que exige el momento. Y mucho menos puede serlo uno que es el pilar de nuestro estado social y de derecho, como cita nuestra Constitución del 78. Las políticas sociales suponen hoy ya más del 50% de los presupuestos generales del Estado y no pueden seguir implementándose como si nada hubiera pasado en los últimos 40 años. Hoy nadie duda que nuestro territorio es uno de los más avanzados del planeta a la hora de propiciar la igualdad de oportunidad y luchar contra la exclusión social. Hemos sido pioneros en implantar programas de atención a los más desfavorecidos pero es preciso dar más pasos. La innovación ha llegado a las políticas sociales en países como Alemania, Países Bajos o el Reino Unido; Barack Obama incluso creó en su mandato una oficina presidencial para poder acelerar su implantación. El argumento es sencillo, los gobiernos gastan cientos de millones para responder a retos sociales pero a la vez hay una dramática falta de soluciones probadas, sostenibles y escalables. Los problemas crecen a una velocidad que apenas da tiempo para encontrar soluciones desde lo público pero mucho menos para pensar o invertir recursos en la prevención. La obesidad, la inmigración, el envejecimiento activo, las familias en riesgo de exclusión, son solo algunos de los campos en los que se necesitan nuevas soluciones a problemas que no dejan de crecer. Para ello y de la mano de emprendedores han nacido iniciativas implantadas ya con resultados exitosos como son los llamados «bonos de impacto social». Desde su creación en 2010 han demostrado un gran potencial de mejorar resultados de intervención social porque dirigen los fondos públicos hacia aquellas políticas que demuestren claramente su impacto en asuntos prioritarios con resultados rigurosamente medidos y trasfiriendo el riesgo de fracaso al sector privado. Esto se consigue gracias a un proceso de hibridación de empresas innovadoras y sector público. Los bonos son un mecanismo de financiación de servicios sociales que combina los pagos por éxito y la disciplina del mercado para responder a retos sociales. Los gobiernos contratan, con este modelo, a entidades para determinados servicios sociales con unos hitos y objetivos a conseguir; si la organización no los consigue la administración pública no pagará un euro. Los fondos desembolsados inicialmente por la entidad contratada los logra a través de capital privado (filantrópico o mercantil) que proporciona la financiación para la implantación de los programas sociales a cambio de una rentabilidad obtenida de los futuros pagos si se consiguen objetivos. Las administración públicas trasfieren el riesgo de innovar en este campo a inversores privados. Michigan, Denver, localidades de Reino Unido, Alemania o Austria lo están probando con éxito gracias a un ecosistema innovador de gobiernos, inversores y emprendedores sociales.

Hace unos años un investigador de la universidad de Edimburgo formuló una teoría que bautizó como la triple hélice. El profesor Etzkowitz pensaba que la fórmula mágica para conseguir que las economías creciesen era alinear las acciones de los gobiernos, las empresas y las instituciones de conocimiento. Nunca pudo imaginar, cuando publicó en 1966 su tesis, que muchos años después encontraría sentido también para resolver problemas sociales que hasta ahora pensábamos irresolubles, basta poner en marcha esas tres hélices con el impulso de lo público, los innovadores y el capital privado, para obtener resultados increíbles.

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