La Rioja

La gran coalición de facto

Según los rumores que en estos días circulan por la Villa y Corte, el PP se dispone a pactar con el PSOE el reparto equitativo de los cuatro puestos de magistrado del Tribunal Constitucional que toca renovar, y que debe designar el Senado. La mayoría absoluta de los populares en la Cámara alta y la suma de sus escaños con los de los socialistas permiten llevar a efecto la maniobra sin tener en cuenta al resto de las fuerzas políticas. Sin entrar en si esta clase de componendas permite contar con un Tribunal Constitucional que sea lo que debería, un árbitro más o menos neutro que vele por la legalidad constitucional, el gesto gubernamental, unido a muchas otras señales, empieza a suscitar la duda de si no se habrá consumado, de facto y ante nuestras narices, aquello que supuestamente los socialistas no estaban dispuestos a permitir, esto es, una gran coalición.

No es ocioso recordar que el caramelo con el que la canciller alemana Angela Merkel logró el respaldo de sus rivales del SPD, a fin de formar la gran coalición germana, tuvo que ver con el establecimiento del salario mínimo; el mismo asunto con el que saca pecho el PSOE para vender las bondades de su «oposición útil». Vista sin embargo la coincidencia en el tiempo de ese logro con la fijación consensuada del techo de gasto, y ahora con este entendimiento para compartir el control de órganos constitucionales clave, cabe preguntarse si dicha «oposición útil» no viene a ser el eufemismo que sirve a la gestora del PSOE para nombrar lo innombrable: la connivencia con el Gobierno al que se nos dijo que sólo se le dejaba formarse, por el bien del país. En este sentido, da que pensar el hecho de que el líder de la gestora, Javier Fernández, haya logrado por estos mismos días sacar adelante sus presupuestos en Asturias con el apoyo de los populares.

La utilidad a corto plazo para las dos partes de esta relación simbiótica es evidente. Rajoy gobierna y podrá presupuestar; los barones que regentan los escombros del PSOE ganan tiempo y hasta pueden cuadrar sus cuentas particulares. A largo plazo, sin embargo, esta especie de coyunda vergonzante no puede sino redundar en un deterioro suplementario del edificio institucional (y quizá, constitucional) y ofrece bazas preciosas a quienes por diversas razones buscan erosionarlo. Quienes no quieran acatar las decisiones del TC lo tendrán fácil para desacreditarlas, y quienes hacen de su proyecto una enmienda a la totalidad del sistema, buscando conectar con descontentos y excluidos, dis-pondrán de una excelente coartada en esa entente inconfesa del bipartidismo que deja a todos los demás fuera del tablero.

El tiempo dirá para quién son los réditos de esta estrategia. A veces, tratando de salir del paso, se logra perderlo todo.

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