Poder público, beneficio privado

«Lo que está en juego con el problema de la corrupción no es la epidermis de la democracia. Es su corazón. Por eso no valen las medidas de maquillaje que se han aprobado hasta ahora»

Poder público,
beneficio privado

Bueno yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras...». Se lo decía en febrero de 1990 Eduardo Zaplana, entonces presidente del Partido Popular de Alicante, a un concejal de Valencia. «Lo que te dé y me das la mitad bajo mano», insistía la misma voz, con expresiones como «le sacas la pasta», «a ver cómo puedo rascar yo aquí» o «me tengo que hacer rico». La grabación de la conversación no sirvió como prueba judicial y tampoco frenó la meteórica carrera de Zaplana: alcalde de Benidorm, presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo en el segundo Gobierno de Aznar y. tatachán, alto directivo de la multinacional Telefónica.

Desde aquel pinchazo telefónico de 1990 hemos perdido la cuenta de los escándalos de corrupción. A veces parece que ya no son escándalos, que en vez de suscitar indignación moral apenas generan un ruido de fondo, un molesto sonsonete. Como las crónicas que desde hace semanas relatan las declaraciones de los 102 procesados que suman el juicio de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia y el de la «primera época» de la trama Gürtel, en el que hizo falta una hora y media para leer los cargos de la acusación.

Tráfico de influencias, falsedad, cohecho activo y pasivo, colusión, blanqueo de dinero negro, malversación de caudales públicos, fraude administrativo. Las encuestas del CIS dicen que la corrupción es el segundo problema, después del paro, que más preocupa a los españoles. Y los informes de Transparencia Internacional subrayan que en España la percepción de la corrupción es extraordinariamente elevada. Sin embargo, ese malestar general no se traduce después, en muchos casos, en un castigo electoral. Parece que millones de ciudadanos, a la hora de votar, toleran la corrupción y basan su elección en otras variables como el interés económico, la ideología, las creencias o la identidad nacional. Total, oímos decir, es un problema de la clase política en general, da igual unos que otros, esto es una lacra de la democracia, algo propio de la picaresca española y, en cualquier caso, consustancial a la naturaleza humana. Como una plaga bíblica.

Pero no es así. Los expertos señalan que en España la corrupción administrativa es relativamente baja. Las relaciones cotidianas de los particulares con los funcionarios no están basadas en el soborno, la mayor parte de los trabajadores públicos tratan a los ciudadanos como individuos anónimos. Lo que causa alarma es el nivel de la «alta» corrupción, la de los políticos que se pliegan a los intereses de los poderes económicos buscando su beneficio propio, o el de sus redes clientelares, en vez de velar por el bien público.

La corrupción política ha existido en casi todas las sociedades históricas. En España, las principales fortunas del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX se hicieron al calor del poder, gracias al favor político, y el franquismo se puede considerar, en sí mismo, un régimen corrupto desde su gestación. La democracia es, precisamente, el sistema político que, en su concepción, está más alejado de las prácticas corruptas, y también el que más medios puede poner para atajarlas.

Una democracia, claro está, en la que la Administración no esté politizada, como ocurre a menudo en España, en la que el Gobierno no tenga en su mano las instituciones que en teoría deben controlar su actuación y la información que reciben los ciudadanos. Necesitamos instrumentos de control más independientes y eficaces, mayor transparencia, medios de comunicación realmente libres, un poder judicial con más recursos y, puestos a pedir, otro modelo de partidos políticos que rompa con el sistema de financiación de las últimas décadas, con dirigentes que salgan de la base de la sociedad y que vuelvan a ella.

Otra cultura política, en definitiva. Porque lo que está en juego con el problema de la corrupción no es la epidermis de la democracia. Es su corazón. Por eso no valen las medidas de maquillaje que se han aprobado hasta ahora. Eso es como barrer dentro de la alfombra. Así no se recuperará la confianza de los ciudadanos en sus representantes. El historiador Tony Judt sostenía que la base de la democracia, como la de cualquier empresa colectiva, es la confianza. Y ponía un buen ejemplo, el de la tributación. Cuando pagamos impuestos, decía, damos muchas cosas por supuestas sobre nuestros conciudadanos. Suponemos que todos van a pagar lo que les corresponde. Confiamos, también, en que aquellos a los que hemos dado un poder temporal recauden el dinero y lo gasten de una manera responsable. Y asumimos, además, dado que la mayoría del dinero se destina a pagar deudas pasadas o futuros gastos, una relación implícita de confianza y reciprocidad entre los contribuyentes pasados y los beneficiarios actuales, entre nosotros y los futuros receptores.

La desconfianza colectiva que nos produce la política amenaza la supervivencia de una democracia digna de ese nombre. Si dejamos de confiar en los concejales, los parlamentarios y los ministros perderemos la fe en los ayuntamientos, los parlamentos y los gobiernos. En las instituciones comunitarias que gestionan lo que es de todos. Lo decía, a su manera, el propio Eduardo Zaplana, en la grabación telefónica citada. Cuando su interlocutor le preguntaba por qué necesitaba tanto dinero Zaplana respondía que se lo gastaba todo en política: «No ves que no tengo sueldo como tú. Que cobras de lo que trabajamos todos los españoles».

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