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EDITORIALES

La vara de medir la corrupción

La muerte de Rita Barberá no justifica que tenga que rebajarse el listón de la exigencia con los representantes políticos

PPLL

Viernes, 2 de diciembre 2016, 23:56

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La trágica muerte por infarto de la exalcadesa de Valencia dos días después de haber declarado ante el Supremo por su supuesta implicación en un caso de blanqueo de capitales ha agitado lógicamente las conciencias y las sensibilidades y ha generado una cierta polémica pública en el ámbito del PP, que tuvo que apartar del partido a Rita Barberá cuando esta fue imputada porque así lo exigía el pacto anticorrupción firmado con Ciudadanos. El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, muy afectado, ha sugerido la posibilidad de revisar dicho acuerdo ya que los Estatutos del PP tan sólo exigen que los investigados sean apartados de sus responsabilidades a la apertura del juicio oral; o que, al menos, quienes sean declarados inocentes reciban un resarcimiento. El ministro Méndez de Vigo ha manifestado que, después del «doloroso» fallecimiento de Barberá, «sería bueno que todos los partidos» acordaran la vara de medir a los políticos imputados por ese delito. El ministro de Justicia, en cambio, ha mostrado mayor claridad jurídica, ha defendido la vigencia del pacto con Ciudadanos y ha manifestado que buscará acuerdos para revisar el Código Procesal Penal y acortar la fase de instrucción de causas penales para que un investigado no tenga esperar plazos tan dilatados para obtener una sentencia. La muerte de Barberá es muy lamentable pero flaco favor se haría a su memoria si el óbito fuera utilizado para rebajar el listón de la exigencia ante la corrupción. Es claro que el apartamiento de un cargo político o de un representante popular cuando es investigado -porque existen indicios racionales de criminalidad, obviamente- es prematuro jurídicamente, pero resulta perfectamente defendible que la ciudadanía, el electorado, no haya de soportar la duda inquietante que suscitaría la permanencia en el cargo de quien ya ha sido señalado por un juez. La política, que es una actividad eminentemente vocacional, tiene sus servidumbres, y una de ellas es la de transparencia al máximo, con requisitos que no se exigen a los ciudadanos que tienen otras ocupaciones. En todo caso, no está de más hacer pedagogía y recordar que quien es investigado por un juez mantiene intacta la presunción de inocencia, aunque deba abandonar momentáneamente la política.

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