La Rioja

EDITORIALES

Vuelta de tuerca contra el fraude

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presumió ayer en el Congreso de los Diputados de los resultados en la lucha contra el fraude -se han recaudado 50.000 millones de euros desde 2012- y anunció en esbozo nuevas medidas para dificultar los intentos de los defraudadores como endurecer más la posibilidad de pagar en efectivo y más controles sobre las liquidaciones de IVA. Asimismo, el ministro manifestó que piensa limitar los aplazamientos de pago que solicitan las empresas, ya que, a su juicio, no tiene sentido que Hacienda tenga que financiar a las compañías cuando tantas facilidades crediticias hay en el mercado. Todas estas medidas conformarán el plan de lucha contra el fraude que el Gobierno se comprometió a presentar ante Bruselas y con el que aspira a ingresar mil millones de euros adicionales. Es imposible no aplaudir cuanto se haga para combatir el fraude, que siempre redunda en un mejor y más justo reparto de las cargas, pero el desarrollo argumental del ministro es poco pedagógico dado que no termina de atender el reiterado requerimiento de Ciudadanos para que los ricos evasores que han regularizado sus caudales opacos a través de la amnistía paguen íntegramente la tarifa que se acordó: un 10% sobre los bienes aflorados y no un 3% como hicieron al final quienes se acogieron a la regularización. Es cierto que aquel procedimiento permitió aflorar dinero negro, que desde entonces no tiene más remedio que sujetarse a los requerimientos del sistema fiscal, pero siempre es un mal ejemplo para todos los que contribuyen que quienes han evadido a gran escala sean periódicamente obsequiados con una amnistía. La conciencia fiscal, por la que los contribuyentes cumplen espontáneamente con sus obligaciones tributarias, sólo se forma y consolida cuando el principio de igualdad de todos ante la ley se aplica siempre, sin excepciones.