La Rioja

EDITORIALES

Un retiro justo

La primera reunión ayer del Pacto de Toledo debe iniciar el restablecimiento del diálogo que precisa la nueva legislatura, y que no debió orillarse nunca respecto al futuro del sistema de pensiones. Se trata de uno de los pilares de nuestro modelo de bienestar, basado en la solidaridad entre generaciones. El sistema se enfrenta a los problemas que derivan del envejecimiento de la población: habrá más pensionistas y vivirán más tiempo después de jubilarse. Pero también la devaluación de las nóminas viene reduciendo su aportación a la caja de las pensiones. La ministra Fátima Báñez quiso restar ayer gravedad a un momento en que casi se ha vaciado el fondo de reserva y se va a acabar este año con un déficit en torno a 18.000 millones de euros. Es razonable que el Gobierno trate de prevenir un estado de alarma entre los actuales pensionistas y entre quienes esperan serlo en los próximos años. Pero no basta con retractarse en cuanto a las infructuosas bonificaciones para fomentar la contratación reduciendo cotizaciones. Ni siquiera vale habilitar partidas específicas en los Presupuestos Generales para abonar prestaciones que hoy dependen de la Seguridad Social, como se plantea con las pensiones de viudedad y orfandad. Porque su transferencia al erario común plantea necesidades de recaudación fiscal análogas a aquellas de las que se liberaría la Seguridad Social o, si no, un recorte equivalente en otros gastos. Está aflorando además un discurso engañoso al asegurar que no hay nada de qué preocuparse porque, en última instancia, la legalidad garantiza que el Estado se haga cargo de las obligaciones contraídas por el sistema de pensiones. Porque el mandato del artículo 41 de la Constitución («Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos») no puede desentenderse del necesario equilibrio entre los compromisos sociales y los ingresos que requieran. El futuro de las pensiones exige revisar el sistema con tanto consenso como rigor, sin parches ni autoengaños que permitan salvar a duras penas otra legislatura.