La Xunta y el Gobierno se conjuran contra el «terrorismo incendiario»En 2016 se dictaron 140 condenas por provocar incendios forestales

El castigo por estos delitos medioambientales, penados con hasta 20 años, ha ido en aumento en la última década

MATEO BALÍN MADRID.

Las sentencias condenatorias dictadas el pasado año por incendios forestales crecieron de forma leve con respecto a 2015, al alcanzar 140 frente a las 133 de un año antes. La evolución del castigo penal por este tipo de delito medioambiental, el tercero en volumen tras las sentencias por casos de territorio y urbanismo y de flora y fauna, ha evolucionado desde 2008, cuando los tribunales fallaron 90 sentencias condenatorias.

La razón de este incremento se debe, en otros aspectos, a la mayor inversión en medios humanos y materiales en la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha triplicado su plantilla desde que nació hace diez años, al pasar de 50 a 174 fiscales en 2016. El pasado curso, además, se incorporó a esta unidad a representantes de la Policía Nacional y se trabaja conjuntamente con la Guardia Civil, responsable de las investigaciones judiciales de los incendios forestales.

«Este es un problema muy complejo y nada sencillo de abordar, estructuralmente complejo, sociológicamente complejo, criminalmente complejo, que nos debe hacer reflexionar y volver a trabajar y a casi reinventar Galicia en el tema de los incendios», señaló este lunes el fiscal delegado de Medio Ambiente en esas comunidad, Álvaro García Ortiz.

Éste aseguró que el Código Penal es «duro» para estos delitos, ya que el castigo en caso de que haya riesgo para la vida puede ser de 10 a 20 años de prisión sin el perjuicio de la pena por el fallecimiento de personas; y de uno a seis años de prisión y de 12 a 24 meses de multa dependiendo de la superficie quemada o si se pretendía obtener un lucro económico, entre otros aspectos.

La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, presentada en septiembre pasado, también recoge un incremento de la superficie quemada en lo que va de año y la investigación de 228 personas y 16 detenidos por provocar incendios forestales hasta julio. Comparada con los datos del año anterior, la cifra supone algo más de un 30% de aumento con respecto a las personas investigadas en el mismo periodo. Galicia, Andalucía y Asturias copaban el mayor número de imputados por un delito medioambiental.

Con respecto a las diligencias de investigación abiertas el pasado año por el Ministerio Público, se han incoado 486 pesquisas, se han admitido 156 denuncias y/o querellas y se han archivado 286 diligencias, es decir, que no han acabado judicializadas al no encontrarse a los responsables de los hechos, no ver delito o concluir que los fuegos de bosque o monte fueron causados por causas naturales.

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