Urdangarin pide al Supremo que le absuelva porque solo fue un «mediador»

Vives firma el vastísimo escrito remitido al alto tribunal y que ocupa 248 páginas. El texto, adelantado por 'El Mundo', define a Urdangarin como un «amigable componedor» que se dedicaba a buscar el beneficio de las administraciones gracias a sus «contactos deportivos e institucionales».

La utilización de la figura jurídica del «amigable componedor» como base del recurso provocó cierto asombro entre los especialistas del caso y en medios jurídicos cercanos al Supremo. Ese término, extendido en el derecho de Sudamérica, solo se aplica a los procedimientos civiles y se refiera a una suerte de «árbitro» al que las partes recurren como mediador, pero fuera de los tribunales. Ese «juez de avenencia» (como también se le conoce) con el que Urdangarin se compara zanja conflictos basándose en su buen criterio y no en el derecho. Nada que ver con las acusaciones por las que fue condenado el cuñado del Rey por la Audiencia Provincial de Palma, al que jamás se le imputó haberse lucrado por intermediar en nada, sino por haberse enriquecido gracias a la prevaricación, la malversación, el fraude a la Administración, el tráfico de influencias y dos delitos fiscales.

Iñaki Urdangarin, que por esos ilícitos fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel, insiste, como hizo en el juicio, en que todos los trabajos en los que participó en Baleares los hizo con la «conciencia de que todo se hacía correcta y legalmente». Y, en cualquier caso, desde el mayor desconocimiento del Derecho Administrativo, del que -arguye- se ocupaba su ex socio Diego Torres, vicepresidente de 'Nóos'.

«Pedimos la absolución de todos y cada uno de los delitos por los que en su día la Audiencia de Palma» condenó a Urdangarin, resumió ayer Mario Pascual Vives sin entrar en el fondo de aquella sentencia. Su escrito sí que lo hace, sobre todo para atacar al tribunal que presidió Samantha Romero. Según la defensa de Urdangarin, la sala redactó un fallo plagado de «fundamentaciones ilógicas, absurdas y que carecen de la solidez y razonabilidad legalmente necesarias». Vives llega a argumentar que «la versión judicial» del fallo «resulta más improbable que probable».

Buena parte del alegato dirigido al Supremo se esmera en negar el tráfico de influencias, base de la sentencia condenatoria, en tanto en cuanto el fallo sostiene que Urdangarin pudo cometer esos delitos con la administración autonómica que dirigía Jaume Matas por su posición en la Casa Real. Según el recurso, no hubo «ningún tráfico de influencias», sino que el marido de Cristina de Borbón se dedicó a desplegar sus «contactos deportivos tanto nacionales como internacionales como institucionales» para que las Islas Baleares «pudieran esponsorizar al mejor equipo del mundo de ciclismo en aquel momento y se pudieran celebrar unos foros sobre Turismo y Deporte que precisamente era lo que, en palabras del presidente del Gobierno balear, necesitaban».

Vives detalla que los Illes Balears Forum fueron «semejantes aunque no iguales» a los que se venían celebrando en Valencia (Valencia Summits) y que «han quedado despenalizados» en la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma.

Urdangarin también rebate en su escrito una de las pruebas de cargo contra él: las confesiones, acordadas con la Fiscalía, de varios de los dirigentes baleares de la administración de Matas. Vives sostiene que esas delaciones fueron básicamente «defensivas», puesto que los coacusados únicamente pretendían «mejorar su posición procesal», por lo que su credibilidad debe ser «considerada como mínima».