La Universidad suspende al director del máster pero no anula el título de la presidenta

Abre expediente a la funcionaria que modificó las notas y ordena una auditoría interna en todo el campus

M. E. ALONSO MADRID.

Cristina Cifuentes mantendrá por el momento el máster en Derecho Autonómico que ha puesto en peligro su carrera política. La Universidad Rey Juan Carlos no iniciará los trámites para la eventual anulación del postgrado de la presidenta madrileña hasta que el juez no dicte sentencia firme. Así se lo trasladó ayer el rector, Javier Ramos, al Consejo de Gobierno de la institución, que se reunió a puerta cerrada para valorar las actuaciones internas que se han llevado a cabo desde que estallase el caso el pasado 21 de marzo.

El máximo responsable del centro anunció la adopción de un paquete de medidas con las que trata de responder al desprestigio que ha supuesto para la Universidad el escándalo del máster en el que se matriculó Cifuentes en su etapa de Delegada del Gobierno. La primera de ellas afecta al director del Instituto de Derecho Público y responsable del curso, Enrique Álvarez Conde, al que se ha suspendido de sus funciones de forma provisional.

Será ahora la Rey Juan Carlos la que tome el control del instituto tras constatar las «graves» irregularidades detectadas en su funcionamiento y después de que Álvarez incumpliese la obligación de remitir la memoria de actividades, gestión y cuentas, que le fueron requeridas en el transcurso de la investigación. Del centro ya salió la profesora Laura Nuño al sentirse «engañada» por su mentor.

El catedrático de Derecho Constitucional reconoció que se fabricó por orden de Ramos el acta esgrimida por la dirigente del PP para intentar acreditar que había defendido su trabajo. El documento estaba firmado por las profesoras Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado, si bien las dos primeras ya han reconocido que ésas no son sus rúbricas y que tampoco formaron parte del tribunal que examinó a Cifuentes.

Auditoría interna

Otra de las medidas adoptadas por la universidad pública madrileña ha sido abrir expediente disciplinario a Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de la presidenta regional, al apreciar «un funcionamiento gravemente irregular» en el sistema de calificaciones.

La institución también ha anunciado la apertura de un conjunto de auditorías sobre las actividades de todas las entidades asociadas a la universidad pública. Se analizarán sus cursos, trabajos, exámenes, matrículas y tasas para verificar que se atienen a «la legalidad vigente y la ética profesional».

Que Calonge sea sancionada desmonta la versión inicial ofrecida por el rector, que atribuyó a una «mala transcripción de las notas en la plataforma informática» que en dos asignaturas apareciese en julio de 2012 como no presentadas la entonces delegada del Gobierno. Supuestamente la funcionaria recibió la orden del catedrático Pablo Chico, sobre el que el Ramos no ha tomado ninguna medida disciplinaria. Tampoco lo ha hecho sobre ninguna de las tres docentes salpicadas por el escándalo.

Aunque desde el rectorado se insiste en que se ha actuado con «contundencia», no son pocas las voces dentro del recinto universitario que ven las medidas poco valientes, «de maquilaje» y piden la dimisión de Ramos, que se distancia de los hechos asegurando que son anteriores a su llegada al cargo.

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