El tribunal rechaza citar a Susana Díaz como testigo en el juicio de los ERE

Considera que «no se justifica mínimamente la relevancia» de la declaración de la presidenta andaluza

C. CUERDO

SEVILLA. Susana Díaz no tendrá que comparecer en el juicio de la denominada pieza política de los ERE, después de que la Audiencia de Sevilla rechazase ayer la petición realizada por la acusación popular que ejerce el PP al «no justificarse mínimamente la relevancia» de su presencia como testigo.

En un auto dado a conocer ayer, la Audiencia provincial resuelve en parte las cuestiones previas planteadas la pasada semana en las primeras sesiones de la vista oral, que se retomará el próximo 12 de febrero. La más llamativa, aunque poco relevante para la causa, era la petición sorpresiva del PP de solicitar que Díaz acudiese como testigo, apuntando a que de sus declaraciones públicas se desprendía un «amplio» conocimiento de la situación. Los 'populares' buscaban así cercar al ejecutivo autonómico con la foto de la actual presidenta sentada ante el juez y junto a sus antecesores en el cargo, una petición que en su día fue calificada de «ridícula» por la Junta de Andalucía.

Sin embargo, el tribunal considera que «las manifestaciones públicas realizadas por Díaz sobre los hechos aquí enjuiciados no la convierte en testigo relevante de los mismos». Si admite, no obstante, la petición de otros testigos, como el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, al haber percibido una ayuda cuando estaba al frente de la alcaldía de Chiclana de la Frontera (Cádiz). También admite el testimonio de la exconsejera de Presidencia Mar Moreno, que fue apartada de la causa por el Tribunal Supremo, y otros cuatro exaltos cargos que continúan imputados en otras piezas separadas del caso ERE. Junto a ellos prestará declaración la exdirectora de Trabajo del Ministerio en época de José María Aznar, Soledad Córdova, quien en otra pieza separada apuntó a que las ayudas sociolaborales de la Junta eran similares a las concedidas por el Ejecutivo central y conforme a una orden ministerial de 1995.

La decisión de la Audiencia no ha tardado en convertirse en arma arrojadiza entre los partidos políticos. Desde el PSOE andaluz, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, consideró que se trata de una «bofetada sin manos a la estrategia de oposición barriobajera a la que acostumbra» el PP. Desde las filas populares se justificó la petición con el argumento de que ayudaría a «un esclarecimiento de los hechos con el objetivo de depurar responsabilidades y recuperar el dinero defraudado».

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