El Tribunal de Cuentas da por cubierta la fianza de Mas y los consejeros del 9-N

El órgano fiscalizador considera que con el embargo de las viviendas aportadas se completan los 5,2 millones que exigía en su investigación

R. C.

Madrid. El Tribunal de Cuentas considera que la fianza provisional de 5,2 millones de euros que exigió al expresidente de la Genralitat, Artur Mas, y a otros cargos de su gobierno por el gasto ocasionado a las arcas públicas en la consulta del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional, ya ha sido completada.

Tras comprobar el valor de la tasación de las viviendas que aportaron cinco de los acusados -Mas, los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, y el exsecretario de Presidencia Jordi Vilajoana- el tribunal ha dado traslado a los registros civiles, según informó ayer la Ser, para que traben el embargo de sus casas.

De los 5.251.948 euros que exigía el órgano fiscalizador en la fase previa del procedimiento contable abierto, 2,9 millones provienen de la llamada 'caja de resistencia' puesta en marcha por las dos principales organizaciones secesionistas de Cataluña, ANC y Ómnium Cultural, para recabar donativos de ciudadanos afines a su causa. El resto, ha sido aportado en inmuebles.

Ahora, el tribunal abrirá un plazo a las partes para que presenten las correspondientes demandas. Lo previsible es que lo hagan Sociedad Civil Catalana y la Fiscalía. Después se abrirá el plazo de alegaciones, que será de veinte días. Lo habitual es que el Tribunal de Cuentas dicte sentencia años después de la comisión de la malversación investigada. Una vez haya sentencia se sabrá si los 5,2 millones afianzados son más o menos de lo efectivamente exigido. Cabe recordar que este procedimiento es independiente del que se siguió en la vía penal y en el que la Fiscalía no planteó la malversación de caudales.

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