Trapero vuelve a la Audiencia acusado de ser un cabecilla de la sedición

Trapero, a su llegada el 6 de octubre a la Audiencia Nacional. :: mariscal / efe/
Trapero, a su llegada el 6 de octubre a la Audiencia Nacional. :: mariscal / efe

La juez Lamela también ha citado a los líderes de Òmnium y de ANC, después del informe de la Guardia Civil que les señala como instigadores

MELCHOR SÁIZ-PARDO

madrid. Será el próximo lunes, día 16. La imputación -su supuesta partición en un delito de sedición- es la misma que cuando declararon el 6 de octubre, pero no las pruebas contra ellos. El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; la intendente del cuerpo, Teresa Laplana; y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, volverán a la Audiencia Nacional para defenderse de los duros informes de la Guardia Civil.

Unos atestados que acusan a los dos mandos policiales de ser los «brazos ejecutores»de las órdenes políticas para la inacción de los Mossos y a los líderes de los dos colectivos cívicos de ser los promotores de las revueltas contras las fuerzas de seguridad, no solo ya el 20 y el 21 de septiembre, cuando una muchedumbre acosó durante horas a los guardias civiles que registraban la sede de la Consejería de Economía, sino también por haber movido a las masas, sobre todo a través de las redes sociales, para continuar con los disturbios y entorpecer la acción de las fuerzas de seguridad, particularmente el 1-O, el día del referéndum declarado ilegal.

El pasado 6 de octubre, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela aceptó, tal y como le propuso la Fiscalía, volver a citar a los cuatro imputados (contra los que no dictó medidas cautelares) después de que el Ministerio Público presentara solo minutos antes un informe de la Guardia Civil de más de 300 páginas.

La juez asegura que Sànchez y Cuixart tuvieron un «papel esencial» en los disturbios

En ese documento, el instituto armado, mucho más de los incidentes que terminaron con la destrucción de los coches policiales en Barcelona el 20 de septiembre, acusaba a Trapero, Sánchez y Cuixart de estar en el epicentro de un plan secreto de la Generalitat para provocar revueltas sociales con la connivencia de los Mossos.

La Guardia Civil, que lleva ya varios días instando a la Fiscalía a adoptar medidas cautelares contra Trapero para evitar su supuesta reincidencia delictiva, apuntó directamente contra el 'major'. Le acusa, sin medidas tintas, de ser, junto a los dirigentes de la ANC y de Òmnium miembro de un «comité ejecutivo» para la independencia.

Los investigadores sostienen que es impensable que los agentes del cuerpo autonómico obraran por cuenta propia en sus intentos por facilitar el referéndum. «Parece que responderían, más que a conductas aisladas e individuales de algunos de los componentes de ese cuerpo policial, a unas instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando y que encontrarían su último eslabón en el mayor Josep Lluís Trapero», zanjan los agentes del Ministerio del Interior.

Todo ello, al margen de que la Guardia Civil incluye en sus atestados grabaciones e imágenes, no solo de la supuesta pasividad de los Mossos, sino de enfrentamientos de los policías autonómicos con las fuerzas de seguridad y su presunta colaboración en el traslado de urnas para el recuento. Los documentos entregados a Lamela también hacen hincapié en que mandos medios de la policía catalana confesaron el 1-0 que estaban siguiendo órdenes de Trapero.

En el caso de Sànchez y Cuixart ya no se trata de meras acusaciones de la Guardia Civil. Lamela, ayer mismo, dio por buenos los informes de los agentes, y acusó a los dos líderes de las asociaciones de tener un «papel esencial» en los planes del Govern para conseguir la independencia instigando las revueltas sociales.

Inhibición

Ayer, la magistrada, en un auto en el que rechazaba la petición de ambos de que se inhibiera a favor de los juzgados de Barcelona, aseguró que los nuevos informes del instituto armado apuntan a «que los hechos investigados (las revueltas sociales desde el 20 de septiembre a, al menos, el 1 de octubre) no constituyen un hecho aislado, sino que se enmarcan dentro de una estrategia compleja» con la que «desde hace tiempo vienen colaborando Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar».

Lamela insiste en que los dos dirigentes de las asociaciones cívicas son los cabecillas de una «estrategia diseñada» que es «esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista». Una «movilización», añade la instructora, que tenía que ser de «tal envergadura que pudiese arrastrar a la masa de indecisos hacia sus intereses independentistas».

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