El PP y su tesorera serán juzgados por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

La Audiencia de Madrid ve indicios para sentarles en el banquillo por los delitos de encubrimiento y daños informáticos junto a tres personas más

MATEO BALÍN

madrid. Ni la desaparición del sumario durante 14 meses ni el intento de recusar a la juez instructora Rosa Freire ni el movimiento de Luis Bárcenas para retirar la acusación contra el PP antes de comenzar el juicio de la pieza principal del 'Gürtel' en octubre de 2016 (pensando erróneamente que le iba a generar algún tipo de beneficio) lo ha evitado.

Tras muchos vaivenes, el PP ya puede empezar a asumir el coste político que le supondrá ser el primer partido que será juzgado por la vía penal como persona jurídica. Lo hará después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara ayer su procesamiento por los delitos de encubrimiento y daños informáticos.

Junto al partido le acompañarán en el banquillo por los mismos delitos -ahora solo falta que la juez dicte el auto de apertura de juicio oral contra el que no cabe recurso- la actual tesorera de la formación, Carmen Navarro, el asesor jurídico Alberto Durán, el jefe de informática José Manuel Moreno y su antecesor en el cargo, Javier Barrero, que fue despedido en primavera 2016.

La razón no es otra que la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas usó durante los cerca de tres años, abril de 2010-diciembre de 2012, que siguió trabajando para el partido pese a su imputación en el 'caso Gürtel'. Una decisión que se tomó tras un acuerdo verbal en el despacho del presidente Mariano Rajoy en la sede de Génova 13 de Madrid, reconocido por todos los presentes, y que la secretaria general María Dolores de Cospedal justificó años después en una rueda de prensa como una «indemnización en diferido» (que no era más que un prorrateo mensual del finiquito que Bárcenas tenía que haber recibido por sus 20 años en el PP, unos 700.000 euros).

El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Madrid, en un auto del 3 de noviembre pero conocido ayer, rechazó los recursos de las defensas y confirmó por unanimidad de los tres magistrados el cierre de la instrucción del caso y los indicios de delito para juzgar a los investigados.

La Fiscalía no acusa

Una causa en la que la Fiscalía de Madrid, dirigida por José Javier Polo, no solo se oponía al procesamiento, sino que su actitud ha sido muy pasiva en toda la instrucción. Sin embargo, las acusaciones populares personadas en el procedimiento y la decisión final de la juez Freire han llevado la investigación a puerto. Se trata de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), también personada en 'Gürtel', 'Púnica' o 'Lezo', procesos que afectan al PP, Izquierda Unida o el Observatorio de Derechos Humanos Desc.

En su auto de 28 páginas, los magistrados subrayan el dolo del PP en la destrucción de los ordenadores por el comportamiento de sus trabajadores. «Lo cierto es que el señor Moreno (jefe de Informática) borró voluntariamente (hasta 35 veces) los datos contenidos en los equipos, según ha recocido. Lo hizo por orden del señor Durán (asesor jurídico), según ha confirmado éste. Y se considera también indiciariamente que la señora Navarro (gerente y después tesorera nacional) ordenó o permitió esta acción», concluye.

En su día las citadas acusaciones ya presentaron sus escritos de acusación. Adade pidió que el PP sea condenado a una multa de 109.500 euros por el delito de daños informático, ya que el encubrimiento no lo podría haber cometido como persona jurídica. Mientras que para las persona físicas reclamó dos años de prisión para Navarro y Durán, y uno para Moreno por la «extraordinaria» gravedad de los hechos, ya que en los discos duros usados por Bárcenas podrían encontrarse datos que fueran de «vital importancia» para la investigación de la 'caja B' del PP.

Por su parte, Izquierda Unida solicitó una multa de casi 11 millones de euros a la formación de Rajoy y que se le imponga una pena de cinco años de prisión a Navarro, Durán y Moreno. Además, pidió que Cospedal declare en el juicio como testigo por ser la jefa de los procesados.

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