El Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont y el resto de imputados del 'procés'

Carles Puigdemont. / Omer Messinger (Efe)

Llarena recuerda que la «insurrección» tras el 1-0 fue de tal magnitud que obligó al Rey a dirigir un mensaje a la Nación

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha confirmado el procesamiento de Carles Puigdemont y otros 22 líderes independentistas acusados de rebelión durante el 'procés'. 23 de los 25 encausados ante el alto tribunal habían recurrido. El instructor ha rechazado todos y cada uno de los escritos. Ahora, los imputados podrán volver a recurrir, aunque ya ante la Sala de lo Penal. Llarena confirma el auto de procesamiento que él mismo dictó contra estas personas el pasado 21 de marzo por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos o desobediencia.

El instructor reafirma en el nuevo auto que en los hechos concurre el requisito de la violencia del delito de rebelión, así como que los datos remitidos por Hacienda no sólo no contradicen sino que coinciden, al apreciar algunos indicios de fraude, con su investigación sobre el delito de malversación de caudales públicos. En ese sentido, el auto destaca que los investigados han silenciado parte de las manifestaciones del ministro Cristóbal Montoro sobre los gastos del 1-O, ya que éstas eran más matizadas de lo que ellos defendieron, y de hecho apuntaron a «la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada».

Respecto a la «inviolabilidad parlamentaria» esgrimida por los miembros de la Mesa de Parlament contra su procesamiento por delito de desobediencia, el magistrado contesta que la misma no protege a quien convierte la sede de representación ciudadana «en un mero instrumento para facilitar la ejecución de una actuación delictiva» ideada desde fuera de la actividad parlamentaria.

En su auto, rechaza la pretensión de algunos de los recurrentes que cuestionan el procesamiento por el delito de rebelión por entender que no se ha producido un alzamiento violento o por ausencia de la finalidad secesionista que exige este tipo penal. Señala que la actuación desplegada por los procesados el día 20 de septiembre satisface inicialmente la consideración de fuerza violenta y que en los acontecimientos del 1-O ésta se expresó con el resultado lesivo de numerosos agentes, lo que patentiza su concurrencia en los hechos que se enjuician en un comportamiento que va más allá de la legítima reivindicación de un posicionamiento político-ideológico.

En esta misma línea, considera que las actuaciones violentas no se muestran como un resultado imprevisto en la movilización impulsada por los investigados, sino que fue «conscientemente asumida y buscada para la ejecución de estos hechos, de suerte que el dolo eventual que apuntan los recursos, sólo se muestra como la inferencia subordinada a la concurrencia de un dolo directo».

Del mismo modo, niega que «la violencia ejercida careciera de idoneidad, relevancia y suficiencia como para lograr la consecución del fin secesionista que integra el delito de rebelión. Es cierto que la funcionalidad de la violencia, si bien no exige que resulte irresistible o invencible para quien la soporta, sí ha de presentar una suficiencia y eficacia que objetivamente la habilite para la consecución del resultado».

Mensaje del Rey

El magistrado destaca que la insurrección en la que se insertó esta movilización con expresiones de violencia fue de tal envergadura que dos días después de la votación y de que se impulsaran nuevas movilizaciones con cortes de carreteras, su Majestad el Rey, como jefe del Estado, dirigió un mensaje a la Nación y reclamó al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que respetara el orden constitucional democrático, y apeló a todos los funcionarios del Estado y de las Comunidades Autónomas a que cumplieran con sus obligaciones constitucionales.

Como consecuencia del quebranto del ordenamiento jurídico, el juez recuerda que cerca de 3.000 empresas (con un volumen de facturación de 44.000 millones de euros), cambiaron su domicilio a lugares fuera de Cataluña, y que el Gobierno tuvo que salir al paso de una delicada retirada masiva de fondos de las entidades financieras domiciliadas en Cataluña.

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