La subida salarial comprometida por Interior no convence a Policía y Guardia Civil

R. C.

madrid. El Ministerio del Interior dio ayer un primer paso para acabar con la discriminación en los salarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado en comparación con las policías autonómicas. Esta es una vieja reclamación de los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil, que denuncian una diferencia de hasta 600 euros mensuales en las nóminas de sus agentes con respecto a las de los Mossos d'Esquadra.

Juan Ignacio Zoido se comprometió ayer a destinar hasta un máximo de 1.500 millones durante los próximos tres años para acabar con la brecha salarial entre las distintas fuerzas. Fue el propio titular de Interior el que presentó la propuesta por separado a los representantes de la Policía y la Benemérita. Según se señaló desde su departamento, el objetivo es lograr la «equiparación completa, total e integral».

La propuesta no convence a los colectivos policiales, que coincidieron en llamar a la cautela hasta que se concrete la forma en que se hará realidad. Desde las asociaciones de la Guardia Civil se apuntó que, aunque se haya marcado una cifra máxima de 1.500 millones, Interior no ha fijado ningún mínimo, por lo que la cantidad destinada puede quedar muy lejos de lo anunciado este lunes. De la misma forma, la asociación Jusapol, que aglutina a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se declaró escéptica «hasta que ese dinero no llegue a los bolsillos».

Derechos laborales

Pero donde más preocupación ha causado la propuesta de Interior es en el capítulo de los derechos sociolaborales. Y es que la oferta del ministro contempla que los sindicatos y asociaciones policiales se comprometen a aceptar la sustitución de cualquier derecho de carácter sociolaboral que no tengan reconocidos los Mossos.

Los representantes de la Guardia Civil fueron tajantes al respecto. «No aceptamos el debate sobre una equiparación total y completa que suponga la supresión de derechos sociolaborales adquiridos con mucho esfuerzo durante tantos años y que además se condicione a no abordar la restricción de derechos que supone el carácter militar de la Guardia Civil», se manifestó.

En el plano político, desde Ciudadanos se acusó a Zoido de «no concretar cantidades» o «vender mercancía caducada». Podemos exigió un acuerdo en el que no se incluyan «cláusulas engañosas ni abusivas».

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