«No subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña»

El presidente catalán, 
Carles Puigdemont, 
encabeza junto a 
Oriol Junqueras y 
Carme Forcadell la 
concentración de ayer 
de alcaldes a favor 
del referéndum.
:: toni albir / efe/
El presidente catalán, Carles Puigdemont, encabeza junto a Oriol Junqueras y Carme Forcadell la concentración de ayer de alcaldes a favor del referéndum. :: toni albir / efe

Puigdemont y los 700 alcaldes citados por la Fiscalía amenazan con movilizaciones, avisan de que no darán ni un paso atrás y denuncian al Estado por «atentar» contra la democracia

CRISTIAN REINO

Carles Puigdemont comenzó la semana avisando a los poderes del Estado de que ningún tribunal español tiene ya competencias para inhabilitarle, y la acaba advirtiendo a Rajoy de que, haga lo que haga, los catalanes no faltarán a su cita con las urnas. A dos semanas para el 'Día D', el mensaje que el soberanismo lanzó al Gobierno fue el que viene enviando desde hace meses: «Votaremos». El presidente de la Generalitat se dio ayer un baño de masas, el segundo en poco más de una semana, y arropado por el mundo municipal replicó al presidente del Gobierno y a las instituciones del Estado: «No subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña (...); la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir y de plantarse ante un comportamiento antidemocrático».

El jefe del Ejecutivo catalán parafraseó a Rajoy, que el viernes, en Barcelona, en uno de sus discursos más duros sobre la cuestión catalana, advirtió de las consecuencias de «subestimar la fuerza de la democracia española». Puigdemont siguió ayer con el fuego cruzado. El dirigente nacionalista avisó al presidente del Gobierno de que enviando a la Guardia Civil a imprentas y a medios de comunicación no conseguirá nada más que dar alas al soberanismo.

La apelación a no subestimar la fuerza del pueblo tenía dos direcciones. Una interna: apelar al orgullo identitario. Se trata de llamar a votar, de movilizar por una cuestión, vino a decir, de dignidad como pueblo. En lo que respecta a Rajoy, le estaba anticipando que tendrá que forzar al máximo. «Nos van a obligar a llegar a aquello a lo que no queremos llegar», dijo el líder del PP el viernes. El Gobierno ya ha gastado el comodín de la intervención de las finanzas de la Generalitat. Y, en el rango más alto, le quedan el control de algunas competencias de la Generalitat, como la educación o la policía, lo que sería una suspensión de facto de la autonomía, y ya, como último extremo, la detención por desacato de dirigentes del proceso.

Sin embargo, desde el secesionismo llevan días advirtiendo a Rajoy de que ni por esas conseguirá detener el referéndum. Ni el Constitucional ni la suspensión de la autonomía pueden frenar el 1-O, expresó Puigdemont hace una semana. Rajoy tiene la ley, la Constitución y todas las herramientas del Estado de derecho, pero ayer Puigdemont le recordó que él cuenta con algo más valioso y poderoso que todo eso: la gente. Los cientos de miles de personas que se manifestaron el lunes pasado en Barcelona, en la manifestación de la Diada para reivindicar la secesión, y también los miles de personas que ayer abarrotaron la plaza Sant Jaume de Barcelona para arropar a los más de 700 alcaldes que han sido citados por la Fiscalía por dar su apoyo a la consulta del 1-O mediante la cesión de locales.

Una semana después de la Diada, el independentismo realizó una nueva demostración de fuerza. El secesionismo no cuenta con la mayoría social, según el resultado de las últimas elecciones generales y autonómicas, pero sí puede exhibir que tres de cada cuatro alcaldes de Cataluña están dispuestos a poner en riesgo su cargo con tal de apoyar al Gobierno catalán en la celebración del referéndum.

Todos ellos fueron recibidos ayer por Carles Puigdemont y por Ada Colau y realizaron el paseíllo desde el Ayuntamiento de Barcelona hasta el Palau de la Generalitat para escenificar que las dos principales instituciones políticas catalanas están a favor del referéndum y contra la «persecución judicial de cargos electos». «No daremos ni un paso atrás», afirmó Miquel Buch, presidente de la Asociación de Municipios de Cataluña, vara de alcalde en mano, en un acto muy similar al que se vivió en octubre de 2014, en vísperas del 9-N. «No aflojaremos, está en juego la democracia», añadió. «No os fallaremos», dijo la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras. «El Estado persigue a los cargos electos, es un atentado a la democracia», remató.

Puigdemont y los más de 700 alcaldes (de las grandes ciudades, solo los representantes de Girona y Badalona) avisaron al Estado de que si sigue por la vía judicial se va a encontrar con la respuesta contundente de una parte de la sociedad catalana en forma de movilizaciones. De momento, organizadas y puntuales; más tarde, quién sabe si en forma de protestas permanentes o en bloqueos junto a los colegios electorales para impedir la entrada de la Policía. Desobediencia, insumisión y presión desde la calle son, por tanto, las bazas del presidente catalán.

Giro estratégico

En este punto, el secesionismo ha variado su estrategia. En la campaña por el 'sí', que empezó el jueves, ya no se pide el voto para alcanzar la independencia, sino que se apela al voto en general, porque lo que a su juicio está en juego es la democracia. Es una forma de apelar a los comunes y a los no soberanistas, pues la diferencia entre el éxito y el fracaso del 1-O para Puigdemont estará en el número de contrarios a la ruptura que participen.

Los secesionistas son dos millones y lo vienen siendo en todas las citas electorales: tanto en el 9-N de 2014 como en las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Para llegar hasta 3 millones de participación (más del 50% del censo), los rectores del proceso aún tienen que conseguir que los no independentistas se sientan interpelados a ir a votar.

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