Siete años de agonía para ETA

Realizado el anuncio del fin de la violencia, la dirección de una mermada ETA se sienta en Noruega a la espera de que emisarios del Gobierno español acepten entablar conversaciones para resolver lo que la banda califica de «consecuencias del conflicto». Expresión esta con la que la organización alude a las víctimas, los presos y los terroristas aúnen activo y en la clandestinidad. Según el relato de uno de los dirigentes etarras que aguardaba en el país escandinavo, David Pla -los otros dos eran Iratxe Sorzabal y Josu 'Ternera'-, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido a entablar conversaciones tras el «cese definitivo de la actividad armada». Pero ningún emisario del Gobierno se puso al otro lado de la mesa en Noruega. Mariano Rajoy alcanza la Moncloa en diciembre, dos meses después de Aiete. Con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, cierra la puerta a cualquier tipo de contacto con la banda. ETA había desaprovechado siete años de Gobierno de un PSOE dispuesto a hablar. El tablero de juego había cambiado, pero la cúpula etarra mantiene su plan. Sólo está dispuesta a desarmarse si el Gabinete de Rajoy acepta negociar la entrega de armas y la situación de los presos. Cansada del inmovilismo de la banda terrorista y a pesar de los llamamientos de la Comisión Internacional de Verificación, liderada por Ram Manikkalingam, para que la organización terrorista diera nuevos pasos, Noruega decide expulsar del país a Pla, Sorzabal y 'Ternera' en enero de 2013. Han pasado quince meses sin avances más allá de la sensación de libertad que se percibe en Euskadi.

Expulsados ya de Noruega, ETA tiene que cambiar de planes. Pero se resiste a abandonar el esquema de negociación 'armas por presos'. Aunque el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegure que sin desarme no se modificará la política penitenciaria. Una cerrazón por parte de la banda que comienza a poner nerviosa a la izquierda abertzale, que reconoce ya en privado que ETA se ha convertido en una «pesada mochila» para la actividad política de EH Bildu. Hasta el punto de que el por entonces presidente de Sortu, Hasier Arraiz, llega a pronunciarse en público a favor de «un desarme rápido».

El nerviosismo se extiende a la Comisión de Verificación que ve que su trabajo no avanza. El grupo de Manikkalingam asume que el desarme será una cuestión «de años» y que se realizará «poco a poco». Es entonces cuando estos mediadores con sede en Ámsterdam aceptan grabar un vídeo en Burdeos en el que ETA aseguraba deshacerse de unas pocas armas antiguas. La grabación se vuelve contra la banda, ante las pocas garantías de que el material haya sido inutilizado y por tratarse de una mínima porción de su arsenal. Es febrero de 2014. Han pasado ya más de dos años. La Audiencia Nacional llama a declarar a los verificadores tras presentar el vídeo en Bilbao. Se les acusa de presunta colaboración con banda terrorista.

La ausencia de movimientos con los presos empieza a engordar el discurso de la disidencia de Sortu, aquellos sectores críticos con el abandono de la violencia. Movimientos como Ibil y ATA cuestionan la estrategia de la izquierda abertzale. Aumenta el temor a una escisión. A la aparición en Euskadi de algo así como el IRA auténtico. En agosto y septiembre de 2014 grupos de radicales queman ocho autobuses en dos acciones de 'kale borroka' en Leioa y Bilbao.

Sortu y ETA quedan paralizadas a la espera de solventar sus problemas internos. En mayo de 2016 se presenta Askatasunaren bidea, una plataforma que asegura querer convertirse en un partido que pugne con Sortu. Pasan meses hasta que la izquierda abertzale consigue neutralizar esa posibilidad. Aunque la disidencia prosigue, de forma muy minoritaria. Ayer, por ejemplo, Jon Iurrebaso Atutxa, expreso que ejerció de negociador con el Gobierno de Rodríguez Zapatero entre 2005 y 2007, criticó el comunicado de ETA del viernes al considerar que la organización terrorista «se ha entregado política, ética y estéticamente», además de «condicionar y pretender mutilar a futuras generaciones de luchadores ».

Los mediadores internacionales consiguen a lo largo de 2016 convencer a ETA de que abandone la idea de un desarme negociado. Se activa la vía de los denominados 'artesanos por la paz' después de que la izquierda abertzale consiga abrir una vía de contacto con el Gobierno francés de François Hollande. Pero el primer intento de grabar otro vídeo inutilizando varias armas lo frustra la policía gala al entender que ciudadanos no pueden manipular armas que pueden contener pruebas sobre atentados aún sin esclarecer.

Tras nuevos titubeos de ETA, acepta finalmente desprenderse de todo el arsenal que la banda controla y olvidarse de negociar con la Administración gala. Los hace mediante un acto en Bayona que se lleva a cabo el 8 de abril de 2017, con la permisividad del Gabinete Hollande, que está en permanente contacto con las autoridades españolas. La banda, sin embargo, rechaza la petición de los mediadores para que, junto con la entrega de las armas, se anuncie su disolución. La cúpula terrorista exige que se organice «un Aiete 2» con presencia internacional para escenificar su adiós definitivo. Las negociaciones se prolongan un año más. Los mediadores exigen que se produzca un gesto de ETA sobre el daño causado. Se alumbra la declaración del pasado viernes.

La izquierda abertzale la considera «histórica», el resto de la sociedad vasca y española la ve como insuficiente. Finalmente se acuerda que el acto con apoyo internacional se celebre el viernes 4 de mayo cerca de Bayona. ETA quiere que los expertos extranjeros den a conocer la declaración de «desmovilización» de la banda, pero se rechaza la petición de la cúpula terrorista. El comunicado se producirá ese mismo día, pero unas horas más tarde. Será dentro de menos de dos semanas.