El 'caso ERE' sienta en el banquillo a la época más esplendorosa del PSOE andaluz

Chaves y Griñán, en 2005, durante el pleno que debatía los presupuestos de la Junta. :: chema moya / efe/
Chaves y Griñán, en 2005, durante el pleno que debatía los presupuestos de la Junta. :: chema moya / efe

El miércoles comienza el juicio contra Chaves y Griñán por el sistema de ayudas puesto en marcha para eludir controles

CECILIA CUERDO

sevilla. La Audiencia de Sevilla juzgará a partir del miércoles la supuesta conspiración política orquestada en el Gobierno andaluz durante una década para acallar conflictos laborales y afianzarse en el poder mediante un reguero de fondos públicos. Para ello se puso en marcha un sistema de ayudas considerado irregular por la instrucción judicial. Los 22 ex altos cargos implicados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros (como la exministra Magdalena Álvarez), han encontrado un aliado inesperado en el Ejecutivo central, que recientemente reconoció un procedimiento similar.

El primero de los juicios del 'caso ERE' llega siete años después de la investigación. Atrás quedan casi 300 imputados, más de 117.000 folios de sumario, peleas entre jueces y un duro revés para el PSOE, que ve no solo cómo los responsables de la etapa de mayor esplendor del partido en Andalucía se sientan en el banquillo, sino que además tiene que digerir que sean equiparados con los casos de corrupción del PP cuando a los socialistas no se les juzga por haberse enriquecido los bolsillos con dinero público. La instrucción de la temida juez Mercedes Alaya, hoy en la Audiencia hispalense, apuntó más bien a un sistema diseñado para alimentar una red clientelar que sustentó sus victorias electorales.

Los ex altos cargos están acusados de prevaricación y malversación, con penas que oscilan entre los diez años de inhabilitación que se piden para Chaves hasta los seis años de cárcel a los que se enfrenta Griñán en su condición de responsable de Hacienda. Supuestamente permitieron y ampararon un sistema de ayudas que acabó convertido en un coladero de irregularidades. La «transferencia de financiación», usada habitualmente para equilibrar cuentas de los entes públicos, fue la vía idónea para agilizar procedimientos reduciendo burocracia y sorteando la fiscalización previa, al tiempo que permitía la concesión discrecional y sin publicidad. La Junta de Andalucía, sin embargo, pide el archivo de la pieza al entender que ni se creó un procedimiento específico para eludir controles ni existió una trama criminal como plantea la acusación que ejerce el PP.

'Modus operandi'

El dinero, recogido en la partida 31-L, era transferido de la Consejería de Empleo al Instituto andaluz de Fomento y, más tarde, a la Agencia Idea. Desde allí, se abonaban las ayudas que ordenaba la Dirección General de Trabajo con Javier Guerrero al frente. La Intervención de la Junta, cuyo responsable también es juzgado, alertó en al menos 15 ocasiones de lo inadecuado del procedimiento, pero sin llegar a pedir su suspensión.

El propio Tribunal Supremo ha reconocido que la mayor parte del dinero concedido, unos 855 millones, cumplió su fin original de ayudar a empresas en crisis. Pero también abrió la puerta a irregularidades, como el centenar de intrusos entre los 6.000 prejubilados (algunos, militantes socialistas); las sobrecomisiones por encima del precio de mercado de los intermediarios y los 87 millones de euros en ayudas directas a empresas que acabaron, entre otros, en manos del chófer de Guerrero, su suegra o en empresarios de la comarca del exconsejero de Empleo José Antonio Viera. El posible fraude, pues, ascendería a unos 160 millones de euros.

Las defensas de los ex altos cargos mantienen que su actuación fue ajustada a derecho, que el sistema iba en los presupuestos autonómicos y que la cúpula del Ejecutivo no tuvo por qué conocer las supuestas actuaciones delictivas del director general de Trabajo. Contarán con el apoyo inesperado del Ministerio de Empleo, que en otra investigación por ayudas a la minería de Huelva ha reconocido operar de la misma manera merced a una orden ministerial de 1995 para la concesión de ayudas sociolaborales excepcionales, aprobada casualmente siendo Griñán ministro de Empleo.

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