La sentencia limita el caso de 'la Manada' al abuso sexual

Manifestantes en Valencia.
/EFE
Manifestantes en Valencia. / EFE

Los jueces otorgan credibilidad a la víctima, pero descartan que hubiera la violencia precisa para condenar por agresión sexual El tribunal condena a nueve años de cárcel a los acusados de violar a una joven en Sanfermines, muy lejos de los más de 20 que pedía la víctima

CARLOS BENITO

pamplona. Ni más de veinte años, como reclamaban las acusaciones, ni la libertad que pedían los abogados defensores. La Audiencia de Navarra condenó ayer a los cinco miembros de 'la Manada' a nueve años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por el ataque a un joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, que el tribunal no considera agresión sexual sino abuso con prevalimiento.

El único de los jóvenes sevillanos que se ha llevado una condena ligeramente más severa es Antonio M. G., el guardia civil, al que además se le impusieron dos meses de multa, con una cuota diaria de 15 euros, por el hurto del móvil de la víctima. El fallo fue leído en audiencia pública por el presidente del tribunal, José Francisco Cobo, que también notificó el voto particular discrepante de uno de sus compañeros, Ricardo González. Este magistrado sostiene que los acusados deberían haber quedado absueltos de todos los cargos que pesaban contra ellos (agresión sexual, robo con intimidación y delito contra la intimidad), con la única excepción del hurto del teléfono.

Durante la lectura del fallo, e inmediatamente después, se registraron escenas de tensión en el exterior del palacio de justicia, donde cientos de manifestantes protestaron al grito de «no es abuso, es violación», e incluso intentaron romper el cordón policial para irrumpir en el edificio.

Uno de los tres magistrados hizo un voto discrepante defendiendo la libre absolución La resolución será revisada por el tribunal superior navarro y por el Supremo a través de los recursos LA MANADA José Ángel P. Alfonso Jesús C. Ángel B. Jesús E. Antonio Manuel G.

La sentencia establece una versión intermedia entre la mantenida por las acusaciones, que tipificaban los hechos como una agresión sexual y solicitaban entre 22 y 25 años de cárcel, y la que plantearon en el juicio los abogados defensores, que veían lo ocurrido en el portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona como un acto sexual consentido y reclamaban la absolución. Estos letrados ya avanzaron ayer mismo, al término de la audiencia, su intención de presentar un recurso. «Es obvio, natural, porque la sentencia cae por su propio peso. En realidad, les han absuelto de los delitos de los que se les acusaba y les han condenado por uno que no figuraba en el escrito acusatorio», planteó Agustín Martínez, que defiende a cuatro de los jóvenes tras asumir también la representación de Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar del grupo. «Vamos a llegar donde haga falta y ese voto discrepante nos ayuda», anunció Jesús Pérez, abogado del guardia civil.

Las acusaciones no adelantaron sus propósitos, pero expertos judiciales dan por hecho que las cuatro (la Fiscalía, la acusación particular y las acciones populares del Ayuntamiento pamplonés y el Gobierno navarro) recurrirán también una decisión que muchos ayer coincidían en calificar de salomónica.

La sentencia, de 133 páginas, da credibilidad al relato de la víctima y examina al detalle los distintos elementos que se admitieron como prueba durante el juicio. Sobre las fotografías que tomaron los propios acusados y los 96 segundos de vídeo que grabaron, concluye que muestran una situación que «nada tiene que ver con un contexto en el que la denunciante estuviera activa, participativa, sonriente y disfrutando de las prácticas sexuales, según mantienen los procesados», mientras que los varones «disfrutan» e incluso «posan en actitud jactanciosa».

Tampoco perciben en la joven ningún signo de «bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute», por lo que concluyen que los miembros de 'la Manada' practicaron «una sexualidad sin afecto, puramente biológica, cuyo único objetivo es buscar su propio y exclusivo placer sensual, utilizando a la denunciante como un mero objeto, con desprecio de su dignidad personal». El voto discrepante, por contra, se refiere a lo ocurrido como una «juerga sexual».

«Intenso agobio»

El tribunal entra a valorar la actitud de la víctima, esa falta de resistencia activa que ella misma admitió durante el juicio, y la atribuye al «embotamiento de sus facultades de raciocinio», que dio lugar a «una reacción de desconexión y disociación de la realidad». Según se recoge en la sentencia, al ser acometida sexualmente por los acusados, «sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera».

Sin embargo, la sala no considera que los hechos constituyan una agresión sexual, un tipo delictivo que requiere violencia o intimidación. En cuanto a la primera posibilidad, el tribunal apunta que no se ha probado «el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante». Acerca de la intimidación, argumenta que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley: que esa amenaza de un mal futuro sea «previa, inmediata, grave y determinante del consentimiento».

En lugar de una agresión, la resolución considera que se produjo un delito continuado de abuso con prevalimiento, ya que los jóvenes aprovecharon su «posición privilegiada» para someter a la chica, que «no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación». Fue, describe el texto, «una encerrona» en «un lugar recóndito, angosto y estrecho», de la que fue víctima una joven de 18 años con la que existía una «radical desigualdad en cuanto a madurez y experiencia en actividades sexuales». En este sentido, el tribunal destaca que los dos últimos vídeos presentan a la muchacha «agazapada», «acorralada contra la pared por dos de los procesados», «gritando», y «atemorizada».

En su voto particular de 236 páginas, el magistrado Ricardo González discrepa totalmente del relato de hechos probados de la mayoría del tribunal. A su juicio, las acusaciones no han aclarado «en qué forma ni con qué fuerza fue impulsada o compelida» la joven «a hacer lo que no quería». Además de apreciar «movimientos proactivos» de la víctima en algunas de las grabaciones, que describe como «interpretables», este juez argumenta que la declaración de la joven no cumple los requisitos para servir como «única o esencial prueba de cargo», ya que «ha incurrido en abundantes, graves y llamativas contradicciones».

Finalmente, también critica la presión social en favor de una condena ejemplarizante. «La justicia paralela no es justicia», afirma.

Nacido en 1989. 'El Prenda', o Joselito 'el Gordo', cuenta con antecedentes por robo con fuerza, lo que le valió una condena de dos años de cárcel.

Nacido en 1988, es soldado de profesión. Como 'el Prenda', tiene varios antecedentes.

Nacido en 1991, es el más joven. Cuenta con antecedentes por conducción bajo los efectos de alcohol y drogas y robo con fuerza. En prisión, ha completado los estudios básicos.

Nació en 1990 y trabajaba como peluquero, profesión que ha mantenido durante su estancia en el penal. Sin antecedentes.

Primo de Jesús E. Nació en 1989 y se licenció como agente de la Guardia Civil en 2015. En prisión ha sido padre con su novia. Fue quien grabó la mayoría de los videos y quien reconoció haberle quitado el móvil a la víctima. Como su amigo el soldado, sigue cobrando el 75% del sueldo base.

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