Romeva avisa de que los funcionarios no obedecerán al Gobierno central

D. V.

Madrid. El choque de trenes entre el Gobierno y la Generalitat alcanzará su máximo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero su implantación depende en gran medida del comportamiento de los empleados públicos catalanes. Por ese motivo, el consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, advirtió ayer de que los funcionarios en Cataluña «no seguirán órdenes de Madrid», sino que obedecerán a las instituciones catalanas electas a pesar de que el Gobierno asuma las competencias autonómicas.

Romeva criticó en una entrevista en la BBC la suspensión de la autonomía que supondría la aplicación del artículo 155. Así, explicó que «el pueblo ha decidido democráticamente durante años el Gobierno que quiere, el Parlamento que quiere, por lo que estas instituciones se deben preservar». Asimismo, insistió en que «nadie más» que el pueblo tiene el derecho de cambiar esas instituciones. Sin embargo, si los funcionarios catalanes no hiciesen caso al Gobierno central podrían enfrentarse a sanciones e incluso ser relevados en aplicación del artículo 155.

En cualquier caso, el consejero también destacó que el debate en Cataluña va mucho más allá de la independencia, ya que, a su juicio, afecta a la democracia. En este sentido, defendió el «derecho de los catalanes» a decidir sobre su futuro.

Además, Romeva se pronunció en contra de la conveniencia de celebrar ahora unas elecciones en Cataluña, algo que también ha rechazado el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull. Por contra, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya dejó claro en su intervención del pasado sábado, que el objetivo final de la aplicación del artículo 155 es convocar unos comicios autonómicos en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, Romeva tachó de «innecesarias» esas elecciones.

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