Rivera aboga por revisar todo el sistema de beneficios penitenciarios

R. C.

Madrid. Albert Rivera salió ayer al paso del debate suscitado en torno a la petición para que no se derogue la prisión permanente revisable, hoy vigente. Una petición realizada en la plataforma change.org, y firmada por el padre de Diana Quer. El líder de Ciudadanos, que mantiene una posición ambigua sobre este asunto, admitió tener serias dudas sobre la constitucionalidad de la medida introducida en el Código Penal por el PP, en 2015, con la fuerza de su mayoría absoluta y adujo que lo que habría que abordar es una revisión del sistema de beneficios penitenciarios para que las penas se cumplan íntegramente. «Nosotros somos partidarios de que quien la hace la paga», defendió.

Ciudadanos ha eludido hasta ahora definirse con claridad sobre un asunto tan polémico como electoralmente explosivo. El pasado octubre, cuando el Parlamento votó si admitía o no a trámite una propuesta del PNV para derogar la prisión permanente -contra la que en su día se manifestó toda la oposición al completo- fue muy crítico con el PP y le acusó de «populismo punitivo», sin embargo, optó por la abstención.

El número dos del partido, José Manuel Villegas, adujo este fin de semana, en una entrevista en Europa Press, que su intención es evitar que un asunto tan sensible se convierta en un «arma política» que los partidos se arrojan entre sí . Y abogó por ir a una reforma «consensuada» del Código Penal.

Indefinición

Su propuesta sería que para determinados delitos se aumente el porcentaje de condena exigido para acceder al tercer grado penitenciario por encima del 50%, pero ni Villegas el sábado ni Rivera ayer precisaron cuáles serían los delitos para los que cabría exigir el cumplimiento íntegro de las penas. Antes de la reforma del PP lo era sólo para el terrorismo. Ahora, la prisión permanente revisable se aplica a delitos como el homicidio del Rey o su heredero, al genocidio, a los asesinatos en serie, a los cometidos en una organización criminal o a los perpetrados contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.

«No voy a entrar en qué delitos -dijo Rivera-, pero estamos dispuestos a debatir y reconocer que hay errores y cosas que son injustas».

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