REFLEXIÓN

CARLOS JIMÉNEZ DE LA IGLESIA - ABOGADO

El estatuto deontológico de los periodistas españoles obliga a estos a garantizar el secreto de sus fuentes. Es lo que en el argot se denomina «Antes la muerte que la fuente». Soy testigo de que estos profesionales cumplen este deber ético a rajatabla, a veces en situaciones verdaderamente adversas.

Ayer se difundió un video ¡del año 2011!, de la dimisionaria presidenta de la Comunidad de Madrid en un cuarto anexo a un supermercado, al que había sido llevada por el servicio de seguridad por haber 'sustraído' dos cremas.

Vivimos un tiempo en los que hay noticias que no se difunden cuando se producen, sino que son guardadas a la espera de un momento oportuno para el que las tiene, si es que éste llega. Nos encontramos así con que la información se facilita a los medios no cuando se generó la noticia, no cuando se conoció el hecho, sino cuando el interés particular de quien conoció los hechos, obtuvo la evidencia de los mismos y los mantuvo ocultos, le hace facilitarlos a los periodistas.

De una parte se hurta así a la opinión pública la información mientras así lo quiera quién la posea. De otra, se deja en manos de esos personajes un arma que puede ser fatal para aquel sujeto del que se informa, y que hace a éste prisionero de quien 'guarda' su secreto.

Es obvio que los periodistas y los medios son utilizados por quienes tienen esa información. Pero no se puede reprochar a los mensajeros en forma alguna que hagan pública la información, aunque sea añeja: es su derecho y es su obligación en una sociedad libre. El reproche es para quienes retienen la información, miden los tiempos, coartan o tienen la capacidad de coartar las conductas de otros y finalmente difunden, cuando ellos quieren, esas noticias.

El hecho de conservar esta información puede ser jurídicamente sancionable en determinados supuestos pero es, en cualquier caso, éticamente inaceptable. Es una forma evidente de injerencia en la libertad de información: «Sólo cuándo y cómo a mí me interese se difundirán los hechos». Y lo es también en la libertad del sujeto informado, que está al albur de la voluntad de quien posee los datos que le perjudican.

Por todo ello, me resulta especialmente admirable que los profesionales de la prensa, como en un secreto de confesión, garanticen el anonimato de estos personajes, tan ignorantes de cualquier ética. Pero admirable por la deontología profesional de los periodistas, no porque así se evite un perjuicio a la reputación de estos sujetos.

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