La ley de referéndum evita fijar una participación para validar el resultado

Papeleta. Dos concejalas de la CUP portan una reproducción de una papeleta para el referéndum, durante un acto reivindicativo ayer en Barcelona. En el lateral, la papeleta oficial. :: Alejandro García / EFe/
Papeleta. Dos concejalas de la CUP portan una reproducción de una papeleta para el referéndum, durante un acto reivindicativo ayer en Barcelona. En el lateral, la papeleta oficial. :: Alejandro García / EFe

La Generalitat obliga a ser miembro de la mesa a los ciudadanos elegidos por sorteo aunque no impone régimen sancionador

CRISTIAN REINO BARCELONA.

El independentismo suspira por que más de tres millones de catalanes acudan a votar el próximo 1 de octubre. Supondría una abstención inferior al 50%. La ley y el decreto de convocatoria, en cualquier caso, no establecen una participación mínima necesaria para que el resultado sea válido. Sobre este extremo no hay consenso a nivel internacional. La consulta de Montenegro (2005), por ejemplo, sí exigió un quórum mínimo, del 50%; sin embargo, en el caso escocés (2014) no fue requerido un porcentaje límite.

En esta ocasión, Junts pel Sí y la CUP han seguido el criterio de la Comisión de Venecia, el organismo consultivo del Consejo de Europa, que asesora en materia constitucional y de plebiscitos. Este órgano asesor concluye, como regla general, que no es preciso fijar un porcentaje mínimo de participación, porque lo que se podría propiciar de esta forma es el boicot de una de las partes. Es el temor de los independentistas catalanes, que tienen como tope el 37% registrado en el 9-N. Mas ya ha dicho que si no se supera esta vez, el soberanismo deberá quedarse en barbecho una larga temporada.

En lo que los independentistas no han hecho caso a la Comisión de Venecia es en la recomendación de aprobar la ley de referéndum un año (no un mes) antes de su celebración.

La norma contempla la declaración formal de la independencia dos días después del recuento

Otro de los aspectos que recoge la normativa sobre la consulta del 1-O es la obligatoriedad de ejercer de miembro de la mesa, si así lo determina el sorteo, según recoge la web informativa que la Generalitat ha puesto en marcha sobre el referéndum. A pesar de todo, y aunque se contempla la presentación de alegaciones por «causas justificadas y documentadas que impidan la aceptación del cargo», no se aclara qué pasará con la persona que se niegue a presentarse a la mesa. En las elecciones habituales, los que no se presentan se arriesgan a una multa, pero en este caso no hay régimen sancionador, de modo que la obligatoriedad queda en entredicho.

Censo desconocido

Desde la oposición temen que solo participen en las mesas voluntarios o militantes de la ANC. La composición de las mesas, de hecho, podría conocerse ya, hasta el miércoles que viene. Ese es el plazo para el sorteo. Este concurso se realizará a partir del censo que ha elaborado el Gobierno catalán, aunque no especifica cómo lo ha confeccionado. Solo se concreta que está cerrado hasta el 30 de marzo de 2017. Tampoco se aclara cuántos locales de votación habrá, únicamente que 10 días antes del 1-O se hará pública la distribución de las mesas y colegios por votantes.

La campaña electoral durará 15 días, desde el 15 de septiembre al 29 de septiembre, y en los últimos días anteriores a la votación no podrán publicarse encuestas.

Según las normas establecidas por Junts pel Sí y la CUP, el «resultado del referéndum tiene carácter vinculante». Si en el recuento hay más votos afirmativos que negativos, el resultado «implica la independencia de Cataluña». A tal efecto, el Parlamento de Cataluña, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.

El voto es «directo, personal, libre, secreto, igual y universal» y son llamadas a votar las «personas que tienen derecho de voto en las elecciones al Parlamento de Cataluña». También tienen derecho a voto los catalanes residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Cataluña, den cumplimiento a los requisitos legalmente exigibles y hayan solicitado formalmente participar en la votación.

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