Los rectores advierten a la presidenta de que si no acredita su máster debe dimitir

El presidente de la CRUE, Roberto Fernández, interviene ayer ante los medios. :: Chema Moya / efe/
El presidente de la CRUE, Roberto Fernández, interviene ayer ante los medios. :: Chema Moya / efe

Evitan mojarse y dejan en manos de la Fiscalía determinar si hubo delito, aunque aprecian «graves irregularidades»

MARÍA EUGENIA ALONSO

MADRID. Incompleto y sin conclusiones. El informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) no arroja luz sobre el máster de la presidenta Cristina Cifuentes. La investigación realizada por los dos observadores externos designados se limita a verificar que el procedimiento de información abierto por la Universidad Rey Juan Carlos ha contado con las garantías suficientes. «Nuestra misión era velar porque el procedimiento se desarrollara correctamente», se excusó ayer el presidente de la CRUE, Roberto Fernández.

Los rectores no quisieron entrar «en el fondo de la cuestión» sobre el curso de posgrado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que puede forzar su salida del Gobierno autonómico y enterrar su carrera política. Aunque admitieron las «graves irregularidades» en la presunta falsificación del título de Cifuentes, echaron balones fuera y se remitieron a la investigación abierta formalmente por la Fiscalía de Móstoles.

El máximo órgano universitario lanzó, eso sí, una clara advertencia a la dirigente del PP: si no acredita con las debidas pruebas que ha cursado el posgrado debería renunciar. «Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta -aseveró Fernández- ni tienen derechos y obligaciones distintos, si dicen que tienen un máster deben garantizar que lo tienen, si no, es motivo de dimisión». La CRUE evitó en todo momento mojarse y tan solo consideró «algo precipitadas» las primeras declaraciones del rector de la universidad pública madrileña, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo, cuando negó en un principio las irregularidades que luego fueron trascendiendo. Pero cerró filas en torno a él y avaló todos sus demás movimientos, tanto la apertura y ejecución de la investigación como el traslado del caso al Ministerio Público al apreciar «falsedad en documento público» en el acta que supuestamente certificaba que la dirigente del PP había defendido su trabajo fin de máster en 2012.

Los observadores externos señalan que en el expediente «no obran» documentos necesarios

Ramos cuenta además con todo el apoyo de sus colegas «para llegar hasta las últimas consecuencias una vez finalizada la tarea de la justicia», lo que supone un aval para que posterguen una investigación interna en la que faltan muchas claves por resolver.

Sin toda la documentación

Según constataron los dos observadores designados por la conferencia, José Ángel Contreras, director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, y Carmen Ruiz, jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, en el expediente de Cifuentes «no obran» parte de los documentos necesarios. En su escueto informe -de dos páginas-, no especificaron cuáles ni tampoco despejaron duda sobre el paradero de su trabajo final. «Entiendo que les resulte aburrido o que pueda parecer una letanía», ironizó Fernández en una comparecencia plagada de tecnicismos y sin apenas valoraciones.

Fue el propio rector de la universidad pública madrileña quien solicitó a la CRUE la presencia de un inspector que diera a la investigación interna suficientes garantías de transparencia. No obstante, los interrogatorios empezaron con los dos profesores designados por el órgano neutral fuera de Madrid. Sobre este punto, Fernández detalló que el organismo que preside simplemente ha ejercido «una labor de supervisión» y que no ha formado parte directamente de la información reservada, en manos de Pilar Trinidad, jefa del Área de Inspección del propio centro madrileño.

El presidente de la CRUE insistió en defender el buen nombre del sistema universitario español y criticó que cargos públicos quieran sembrar sospechas sobre su limpieza a raíz del 'caso Cifuentes'. También quiso velar por el prestigio del centro que presuntamente falseó el posgrado de la líder del PP en Madrid reivindicando el valor y legalidad de sus títulos y defendiendo «la honoralibilidad y buen hacer profesional» de sus trabajadores.

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