Rajoy recurrirá la reforma del Parlamento catalán que busca la desconexión exprés

Puigdemont, Junqueras, Turull y Romeva votan ayer en el Parlament. :: Quique García / efe
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Puigdemont, Junqueras, Turull y Romeva votan ayer en el Parlament. :: Quique García / efe

El Gobierno recibe el aval preceptivo del Consejo de Estado, al que solició un dictamen urgente tras el movimiento de Junts pel Sí y la CUP

PAULA DE LAS HERAS MADRID.

Mariano Rajoy obtuvo ayer el preceptivo aval del Consejo de Estado para recurrir ante el Tribunal Constitucional el último movimiento de las fuerzas independentistas de Cataluña en su cruzada para celebrar un referéndum unilateral de autodeterminación. El órgano consultivo del Gobierno entiende que la reforma del reglamento del Parlamento autonómico, aprobada este miércoles con los 71 votos de Junts pel Sí (la coalición del PDeCAT y Esquerra) más los anticapitalistas de la CUP, puede vulnerar los derechos de la minoría representada en la Cámara.

El cambio del funcionamiento legislativo impulsado por los independentistas busca garantizar que en el primer pleno del 6 de septiembre se apruebe ya, por el procedimiento de lectura única, la ley con la que la Generalitat pretende dar cobertura legal a la consulta del 1 de octubre. Probablemente a la par y por el mismo procedimiento (aunque aún está por decidir) se impulsaría también la llamada ley de transitoriedad, es decir, la otra norma con la que el Gobierno de Carles Puigdemont aspira a garantizar la «desconexión» exprés de Cataluña, según el término acuñado por el secesionismo.

Hasta esta misma semana, la vía de ugencia que supone el procedimiento de lectura única estaba reservada exclusivamente a aquellas proposiciones de ley firmadas por «todos los grupos» del Parlamento. Ahora, puede utilizarse para una iniciativa planteada por uno solo. Bastaría así con que la solicitara el grupo promotor de la iniciativa y con que el pleno, en el que en estos momentos hay mayoría secesionista, diera su visto bueno.

El órgano consultivo cree que se vulnera el derecho a la participación política de la minoría

Una de las claves de la lectura única, tal y como está regulada en Cataluña, es que no contempla la posibilidad de presentar enmiendas al texto que vaya a ser sometido a debate. Tanto la Junta de Letrados del legislativo autonómico como el Consejo de Garantías Estatutarias ya advirtieron en su momento de que, aunque ese hecho no sea en sí mismo contrario a la Constitución o al 'Estatut', sería conveniente establecer un trámite para que los grupos puedan proponer cambios en parte o en la totalidad del articulado. Pero la sugerencia cayó en saco roto.

En su dictamen urgente, solicitado el mismo miércoles por el Gobierno, el Consejo de Estado también subraya que la inexistencia de un trámite de enmiendas no sería en sí misma recurrible. Sin embargo, argumenta que, sumada al hecho de que se haya «privado» a la minoría de «toda participación en la decisión de iniciar el trámite de lectura única» y de que se haya consagrado «la regla de mayoría simple»,sí puede suponer la vulneración del derecho de participación política de la minoría parlamentaria en condiciones de igualdad. O sea, que podría ir contra el artículo 23.2 de la Constitución y el 29 del Estatuto de autonomía.

Con esa conclusión sobre la mesa, el jefe del Ejecutivo puede presentar un recurso de inconstitucionalidad para frenar las pretensiones de los independentistas catalanes en cualquier momento, pero probablemente lo hará a lo largo de la mañana de hoy tras el Consejo de Ministros. La mera admisión a trámite del recurso por parte del tribunal conllevará la suspensión automática de la nueva redacción del artículo 135.2 del reglamento del Parlamento de Cataluña, cosa que no ocurriría en caso de que fueran los grupos de la oposición los que acudieran en amparo al Constitucional.

En todo caso, el Consejo de Estado recuerda que tanto al Ejecutivo como a los grupos minoritarios les quedaría otra carta que jugar si llegado el momento el máximo intérprete de la Carta Magna juzgase que la polémica reforma no vulnera ningún derecho; algo que no parece descartar. El órgano consultivo del Gobierno admite, de hecho, que no existe «disciplina constitucional y estatutaria de la tramitación en lectura única» y que el tribunal ha declarado que para usarla no es exigible «unanimidad o mayoría cualificada».

Esa otra opción que propone el órgano consultivo del Gobierno sería recurrir al Constitucional el acuerdo de la Mesa del Parlamento por el que se proponga al pleno la tramitación de las leyes de desconexión. El argumento a emplear sería el de que no se ajustan a las dos condiciones exigibles para usar la vía rápida, según el propio reglamento del 'Parlament'. Eso es, que la «naturaleza» del proyecto lo aconseje o que «la simplicidad de la formulación» lo permita.

Sobre esa cuestión sí parece haber una jurisprudencia más clara y, no en vano, el Consejo de Garantías Estatutarias se lo hizo saber a los partidos independentistas que, en atención a la advertencia, cambiaron la redacción inicial de la reforma en la que no se hacía referencia a requisito alguno.

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