Rajoy impugna ante el Constitucional los acuerdos de la Cámara catalana

El presidente convoca hoy un Consejo de Ministros extraordinario para recurrir la ley del referéndum y se reúne con Sánchez y Rivera

NURIA VEGA

Madrid. El vaivén en el Parlamento catalán retrasó hasta las dos de la tarde la reacción del Gobierno. En los despachos de la Moncloa se siguió en directo un pleno que horas después Soraya Sáenz de Santamaría calificaría de «espectáculo abochornante», propio de «otras latitudes». A la admisión a trámite de la proposición de ley del referéndum, se sumó el portazo a todas las consideraciones de la oposición. Y cuando el debate de la norma quedó definitivamente incluido en el orden del día, Mariano Rajoy activó el mecanismo para dejar sin efecto las diligencias promovidas por la Mesa de la Cámara autonómica.

No fue necesaria la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario. Bastó con el mandato del presidente del Gobierno para interponer ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia y emplazar a este órgano a pronunciarse «lo antes posible», de manera «urgente y preferente».

En el texto, de 34 páginas, la Abogacía del Estado sostiene que el Parlamento de Cataluña ha incumplido los pronunciamientos emitidos por el Constitucional desde que en 2015 sentenció contra el 9-N. Especialmente el auto del pasado 14 de febrero, cuando los magistrados acordaron anular la hoja de ruta aprobada en la Cámara y que contemplaba la convocatoria de una consulta de autodeterminación en 2017.

Por eso, los servicios jurídicos del Estado solicitan que el tribunal de garantías deduzca testimonio y traslade a la Fiscalía el proceder tanto de la presidenta de la Cámara como de los miembros de la Mesa que apoyaron ayer la tramitación de la norma. El objetivo es que se diriman «responsabilidades penales» y apunta el Ejecutivo especialmente a Carme Forcadell. «Bajo su mandato -reprochó la vicepresidenta- ha muerto la democracia».

Con esta actuación, el Gobierno no sólo pretende anular las decisiones adoptadas en el Parlamento autonómico a 24 días del referéndum, sino todo el procedimiento encaminado a «intentar la secesión del resto de España».

Este jueves se celebrará, además, un encuentro extraordinario del Consejo de Ministros para recurrir también el contenido de la ley del referéndum, aprobada en el Parlamento de Cataluña. El Ejecutivo pidió anoche el informe del Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad de la norma para autorizar a Mariano Rajoy a impugnarla. Del mismo modo se procederá con el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre, que podría derivar en acciones contra Carles Puigdemont y los consejeros de la Generalitat.

Reacción en La Rioja

En La Rioja, el presidente de la Comunidad Autónoma, José Ignacio Ceniceros, expresó ayer su apoyo total a las medidas adoptadas por el Gobierno de España y a todas aquellas que deba emprender para frenar el desafío independentista catalán. Catalogó a su vez la actuación de la Mesa del Parlament como «un ataque a la democracia y al Estado de Derecho, que afecta a todos los españoles, incluidos los catalanes» y llamó a la unidad de todos los partidos.

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